FLAVIA MORALES/AVC NOTICIAS
XALAPA
"Mi nombre es Gabriela Contreras, fui víctima de abuso sexual y no voy a callar". Así, esta joven indígena inicia el relato para exigir justicia en su caso luego de que una jueza local dejara en libertad a su agresor. Ahora ella y su familia viven con constante miedo en su comunidad en Ixhuatlancillo en la zona centro de Veracruz.
La joven aún recuerda con precisión cada detalle, incluso la ropa que vestía su abusador el día de los hechos. A pesar de relatar la historia una y otra vez, la jueza del distrito de Orizaba, Norma Landa Villalba, desestimó su testimonio y el de sus testigos, alegando un error en un dato.
Además, ignoró los dictámenes médicos y psicológicos que confirmaban el abuso. Tampoco consideró el hostigamiento y la violencia que Gabriela y su familia enfrentaron por parte de la comunidad y los seguidores de la organización Mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo A.C., de la cual el agresor forma parte.
DOBLE AGRESIÓN, BATALLAR CON EL SISTEMA DE JUSTICIA
El abuso fue un punto de quiebre para la joven quien en ese entonces estudiaba la preparatoria. “No me perdono que no haya podido gritar”, dice y cuenta que el día de la agresión ella iba a la tienda, cuando Armando Lorenzo Nicolás - un vecino de la comunidad- la arrastró hasta un lote baldío y la agredió sexualmente.
El abuso ocurrió en 2022. Un año después, en mayo de 2023, Armando fue detenido, y Gabriela creyó que, al fin, se haría justicia. Sin embargo, estaba equivocada. Su pesadilla no terminó ahí, sino que marcó el inicio de una cadena de violencia que aún sigue vigente.
Primero, tras la denuncia empezó el hostigamiento en su contra: “Hubo manifestaciones, pancartas con mi nombre y mis fotografías, diciendo que era mentirosa. Que debería estar agradecida, ya que a los 17 era una quedada, que me estaba haciendo un favor para no quedar solterona”.
Cuando su madre Teresa denunció la agresión a la organización de la que era parte, la respuesta fue: ¿Qué quieres, que se casen?, porque esa es una costumbre en el municipio de Ixhuatlancillo.
El nombre de Gabriela y su familia fue exhibido y con altavoces vocearon en el pueblo que todo era mentira. La organización encabezada por Felipe Madrigal - amigo del agresor- protestó en el palacio municipal de Ixhuatlancillo por dos días. Exigieron al alcalde emitir un documento “de buena conducta” para el agresor, lo que lograron tras la protesta.
Aunque las violencias fueron denunciadas, ninguna autoridad hizo algo para detenerlas: “Lo que me sucedió no fue solo un ataque físico y emocional, sino una batalla constante con el sistema de justicia, que me ha victimizado en lugar de protegerme. No solo fui ultrajada por mi agresor, sino también por personas de mi comunidad, que sin saber emitieron juicios contra mí. Fui objeto de una campaña de difamación y de hostigamiento”, dice la joven.
La presión y la humillación obligaron a Gabriela a cerrar sus redes sociales, y a dejar la escuela en dos ocasiones.
En noviembre del 2024, el sobrino su agresor intentó atropellarla y la amenazó de muerte si iba a ratificar la denuncia. Otra de las agresiones fue el asesinato de su perro a quien le amarraron un explosivo a la pata.
Un mes después, en diciembre la jueza Norma Landa Villalba decidió dar libertad absolutoria su abusador. Y eso escaló la violencia en contra de ella.
“Cuando lo dejaron en libertad, la gente más se burló de mí, me hicieron sentir que, a pesar de todo, él no tenía la culpa, que él no tenía por qué agachar la cabeza, sino yo”, relata.
Gabriela dice que acumuló la evidencia las agresiones en su contra y las entregó a la jueza, pero ella le respondió que no era de su competencia. “Ella me hizo pensar que no tengo el mismo valor por ser de un pueblo marginado, cree que puede hacerme eso”.
En su comunidad hay muchos casos de abuso, pero pocas se atreven a denunciar “En el pueblo eso queda como una marca, pero no tenemos que ser nosotras las marcadas, ellos deben avergonzase, no nosotras, eso es algo que a la comunidad le falta aprender.”
Así es la ley, la respuesta de la jueza tras liberar al agresor
Teresa, madre de Gabriela y quien ha encabezado la batalla legal, asegura que el caso llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su visita a Orizaba en noviembre de 2024, le pidió directamente que intercediera para que el responsable fuera castigado.
En el juicio, les asignaron un defensor de oficio, pero el día de la audiencia, Teresa fue expulsada de la sala de juicios orales. La jueza se quedó a solas con los abogados, tanto el suyo como el del agresor. Teresa está convencida de que hubo corrupción. “Estoy segura de que la jueza fue coaccionada. Creo que la sobornaron”, afirma.
Tras dictar el fallo absolutorio, la jueza Norma Landa se le acerco, la abrazó y le dijo: “No se preocupe, así es la ley. Si quiere, puede apelar.”
Y eso hizo Teresa. Ahora, espera justicia tras presentar una apelación, acompañada por la organización Equifonía A.C.
La jueza Norma Landa también fue señalada de corrupción en diciembre del 2024, cuando cambió el delito de Roberto Carlos “N”, un médico acusado de feminicidio en grado de tentativa, por el delito menor de violencia intrafamiliar, lo que permitió su liberación.
JUEZA SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO: EQUIFONÍA
Adriana Fuente, representante de Equifornía AC, dice que la jueza juzgó el caso sin perspectiva de género y sin tomar en cuenta el testimonio de Gabriela, su edad, su origen indígena y la violencia comunitaria que padece.
“En estos casos el testimonio de la víctima es fundamental, pero la jueza no le dio el necesario, a pesar de que existían elementos suficientes para vincular al agresor”, dice.
Además, criticó la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que “no le dicen también de los otros servicios que la comisión tiene la obligación de brindar a las víctimas, dejando a la familia de Gabriela sin información crucial para su protección y acompañamiento”.
Para Adriana, la institución falló en la atención de este caso, y ahora la apelación, que podría prolongarse hasta seis meses, es el único recurso para buscar justicia.
Sin embargo, advierte que este tipo de resoluciones envían un mensaje de impunidad y agravan la revictimización de Gabriela dentro de su comunidad. “Pareciera que lo que hacen las instituciones es que aprendan la desesperanza”, lamenta.
NO VOY A DEJAR QUE MI HISTORIA SEA OLVIDADA
La familia de Gabriela ha solicitado la intervención de la gobernadora Rocío Nahle en su caso, con la esperanza de obtener justicia y lograr la revocación de la resolución de la jueza.
“Temo por mi vida y la de mis seres queridos. Temo que un día muera a manos de mi agresor. Me da pánico salir sola, me altero cuando mis familiares no se comunican por las noches. Me siento herida”, expresa Gabriela.
Asimismo, hizo un llamado a los jueces, a las autoridades municipales y a los responsables de impartir justicia para que actúen con ética, castiguen a los culpables y tomen medidas reales para evitar más impunidad.
“Sé que muchas niñas y jóvenes en comunidades indígenas son empujadas al silencio, sienten vergüenza o temor de que nadie las escuche. Yo misma me perdí en la depresión, la vergüenza me paralizó. Pero no voy a dejar que mi historia sea olvidada”, afirma
