ÁNGELES ANELL
XALAPA
“Durante casi ocho años, Urbanizadora Medellín ha cobrado ilegalmente los servicios de agua y drenaje a habitantes de los fraccionamientos de Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, en contubernio con administraciones locales, las cuales, lejos de exigir la municipalización de dichos conjuntos habitacionales, aceptaron que un particular los cobrara a cambio del 20 por ciento de los ingresos”, denunció el diputado local Maleno Rosales Torres.
El representante popular acudió este jueves a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar se investigue a fondo las supuestas concesiones otorgadas a Grupo Barquín y, en caso de existir irregularidades, se proceda contra los malos funcionarios cómplices; así como también anunció pedirá a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) supervise la planta de tratamiento y las descargas residuales vertidas al río, pues dichas instalaciones son obsoletas, incumpliendo con su objetivo.
“No se puede otorgar un título de concesión del servicio de agua y saneamiento a un particular para que éste lo ejerza de manera exclusiva en dos fraccionamientos que desde el 2015, Urbanizadora Medellín debió entregar al municipio para que éste se hiciera cargo de los servicios básicos como lo son agua, drenaje y limpia pública, tal y como sí lo hizo con la red eléctrica que transfirió a la CFE, en lugar de pretender cobrarle a SAS 30 millones de pesos por la infraestructura hidráulica, pues ésta ya fue pagada por quienes compraron viviendas”, dijo.
Desde el Ayuntamiento de Medellín, enfatizó, me llaman ignorante; no niego mi origen humilde, del que me enorgullezco, pero nunca podrán decirme ni traidor ni mezquino, yo sí puedo hablarle a la gente mirándole a los ojos, no como los ediles actuales que han sido sumisos y entreguistas, que se arrodillan ante un empresario.
Aunque lo nieguen, apuntó, la solicitud presentada por el Cabildo es un intento privatizador so pretexto de que Grupo Barquín cobre los 30 millones de pesos reclamados a SAS y al municipio por el tiempo necesario, en el cual, además, el Ayuntamiento dejará de recibir el 20 por ciento del cobro del servicio que realiza Urbanizadora Medellín. ¿Quién garantiza que una vez cobrada la deuda se municipalizará el servicio?, pues esto no se precisa en la solicitud formal, cuestionó.
Recordó que esta deuda reclamada al Ayuntamiento se dio bajo un proceso mercantil alevoso, pues los Barquín denunciaron al extinto SAS, que, al carecer de un representante legal, no respondió al juicio; al final, se le dio la razón a urbanizadora y ésta pretende, a través de dicha concesión, obtener 30 millones de pesos.
“La solicitud del Cabildo no va a proceder en el Congreso; lo que sí debe hacer el Ayuntamiento es demandar la municipalización de los fraccionamientos sin pagarle un sólo centavo a Barquín y sin otorgarle concesión alguna, porque en esta Cuarta Transformación el entregar los bienes del pueblo a particulares es un acto de traición”, sentenció.
