REDACCIÓN
POZA RICA
La diputada federal por el distrito de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, Raquel Bonilla Herrera, presentó la iniciativa para reformar la Ley General de Educación en materia de inclusión de la educación para personas que sufren de algún tipo de discapacidad al sistema educativo nacional, con lo cual se pretende fortalecer el Artículo Tercero Constitucional, el cual sostiene que precisamente la educación es un derecho universal, por lo que la propuesta primordialmente persigue erradicar la inequidad, además de promover causas sociales más justas, igualitarias y democráticas.
“Mi principal facultad y responsabilidad como legisladora es presentar iniciativas acordes con la política de bienestar y que sean generadoras de cohesión social; por eso tal y como lo dije desde la campaña, mi agenda legislativa sería darle continuidad a las causas más sentidas sobre la población vulnerable en las que he estado trabajando desde la legislatura anterior”, expresó la legisladora en relación a la propuesta.
Estableció durante su exposición ante legisladores federales que la Agenda 2030, refiere garantizar el acceso en condición de igualdad a todos los niveles de enseñanza y formación profesional, así como a las instalaciones escolares que corresponda a las necesidades de las personas con discapacidad, ofreciendo entornos seguros e inclusivos.
Sin embargo, estableció que la educación que se brinda a las personas en condiciones de vulnerabilidad ha sido precaria, por lo que la actual administración está enfocada a brindar una política diversificada en materia educativa, pero aun así se enfrentan grandes retos.
Expresó que uno de ellos se centra en las instituciones de educación medio superior, que atiende a la población en condición de discapacidad, como los CAE´s, enfocados a atender a los jóvenes con deseos de iniciarse en la actividad laboral, y que hasta la fecha, después de 10 años de venir operando siguen siendo sólo un programa, que no cuentan con instalaciones propias y sólo son parte del Sistema de Educación Media Superior, en tanto que los asesores no han dejado de asistir a sus labores y debido a su alto profesionalismo y compromiso buscan que los jóvenes con discapacidad cuenten con sus estudios de bachillerato.
Ante las condiciones de desigualdad, sostuvo que es indispensable brindar certeza jurídica a los padres de familia y estudiantes, y para ello es necesario contar con un sistema educativo que brinde un modelo acorde a las necesidades de aprendizaje de cada uno de estos jóvenes, pues sólo así se logrará actualizar el espíritu legislativo del Artículo Tercero Constitucional, ante lo cual esta propuesta busca que la educación para personas con discapacidad forme parte del sistema educativo nacional.
