En estas condiciones están casi todos los 212 alcaldes veracruzanos, quienes a partir de este periodo durarán cuatro años en el poder, para buena o mala suerte de sus respectivos municipios.
Lo peor es que quienes encontraron las arcas vacías, ya sea por ineptitud o corrupción de sus antecesores, se resisten a proceder legalmente contra los responsables. Lo correcto sería sancionar con cárcel a quienes desviaron recursos públicos y obligarlos a la reparación del daño patrimonial.
De lo contrario, se vuelven cómplices y defraudan la confianza de sus electores, que antes cada trienio y ahora cada cuatro años abrigan la esperanza de, ahora sí, escoger autoridades honorables y aptas.
Esta lenidad, negligencia y tolerancia sólo puede dar por resultado ayuntamientos quebrados e ineficientes por secula seculorum y un creciente hartazgo ciudadano, que debilita a la democracia.
La sociedad ve con incredulidad y desánimo cómo alcaldes van y alcaldes vienen y continúan los saqueos en los municipios sin que haya poder humano o político capaz de frenar esta voracidad que genera comaladas de políticos millonarios, mientras el pueblo se encuentra inmerso en la pobreza y sin los servicios públicos básicos.
Es urgente la llegada de servidores públicos impolutos, decentes, y preparados, decididos a erradicar la corrupción y a trabajar realmente por el bienestar de los ciudadanos.
Es inadmisible que sigamos viendo cómo tantos políticos cínicos se roban impunemente, una y otra vez, los dineros del pueblo y no hagamos nada por impedir estos latrocinios.
Nadie escarmienta en testa ajena, pero si encerráramos en prisión a unos cuantos exalcaldes y extesoreros, por peculado o desvío de fondos públicos y se les incautaran los bienes mal habidos, muchos de los ediles en funciones lo pensarían antes de meter mano al cajón de su municipio.
Veamos quién es el valiente y honesto alcalde que dice: ¡soy el primero en aplicar la justicia!
