Brenda Caballero
Un año para Duarte
“¡Ya se está echando para atrás!” ¿Quién?, pregunto. “José Juan Janeiro Rodríguez --me dicen-- Ya no quiere sustentar la acusación en contra del ex mandatario. Y si es así ya no testificará en el juicio y no se le podrá comprobar el delito de delincuencia organizada, por lo que se le otorgará un año de prisión preventiva o saldrá libre”.
“Eso es muy grave”, le digo a mi interlocutor, pues José Juan Janeiro Rodríguez fue el presunto operador financiero que realizó las transferencias de los recursos públicos del gobierno del Estado de Veracruz a las cuentas de Javier Duarte, Karime Macías y Moisés Manzur Cysneiros.
Sin embargo, no dudo que con las inconsistencias en el proceso de Javier Duarte, con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, éste quede en libertad.
Recordemos que ya un juez federal le suspendió provisionalmente dos órdenes de aprehensión por los probables delitos de peculado, incumplimiento del deber legal, coalición, abuso de autoridad, y tráfico de influencias que interpuso la Fiscalía General del Estado, debido a que los delitos del fuero común no son graves.
Aunque será en la audiencia del próximo sábado cuando se determine si se le otorga la suspensión definitiva.
Luego entonces, si Janeiro Rodríguez, quien es testigo protegido de la PGR no testifica, no se podrá comprobar el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero; por lo tanto, no se le vinculará a proceso por los delitos federales que se le imputan.
¿Y qué pasará entonces? Aparte de demostrar las fallas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, todos, absolutamente todos los casos que conocemos de los 13 gobernadores involucrados en transferencias ilícitas de recursos públicos mediante empresas fantasma y actos de corrupción, todos, absolutamente todos, quedarán libres.
Parece que ésa es la tendencia, pues en la primera audiencia que se celebró en México, resulta increíble que los fiscales que llevaban el caso desconocieran el contenido del expediente y hasta hicieran el ridículo.
Ya lo escribía el reportero Arturo Ángel de “Animal Político”, que cubrió la audiencia de Duarte de Ochoa con algunos comentarios en su twitter: “Lo más extraño es que yo estuve en audiencias de 2 hermanas acusadas por este caso. Y se lo sabían, se los juro”. Este comentario es con relación a las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta vinculadas a la red de lavado y con una pena impuesta de tres años con cuatro meses de prisión y una multa de 48 mil 644 pesos.
Incluso Raúl Olmos, quien es periodista e investigador de Mexicanos contra la Corrupción, el pasado lunes también escribía en su twitter: “Miembro de equipo de @EPN usó red de empresas fantasma de Duarte. Que Cónsul @Juansabinesg explique a PGR_mx nexos” Lo anterior con relación a que durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero en Chiapas, actual cónsul de México en Orlando, utilizó tres compañías ligadas a la red fantasma veracruzana para obtener contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012 para realizar labores de outsourcing en el Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez. Ojo, no olvidemos que por aquellos lares se mueve Tony Macías, suegro de Javier Duarte de Ochoa.
Entonces ¿saldrá libre? La red de Duarte demuestra que dentro de ella están involucrados personajes que ni nos imaginamos, claro, todos con prestanombres. Y que la misma autoridad está dejando espacios para que los abogados de Duarte puedan moverse a conveniencia, no por nada ahora Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, ha salido a decirnos que tengamos “fe” en la PGR y en el trabajo que se va a realizar ¡Por Dios, la justicia no se debe ejercer con fe, sino con las Leyes!
Creo que este comentario le costará a Chong si es el candidato a la Presidencia, igual le costará a Peña Nieto y por supuesto al PRI, pues según una encuesta de Parametría, el 77 por ciento de sus encuestados considera que Javier Duarte es culpable de los delitos por los que se le acusan.
¿Entonces, se imagina usted el malestar y el voto de ese 77 por ciento de los mexicanos?
