POLIANTEA
Procesos democráticos
Rubén Pabello Rojas
Los movimientos sociales tendientes a lograr una democracia real en México, que desde finales de los años setentas del siglo pasado se fueron convirtiendo en una opción al alcance de las ciudadanía, cuando el sufragio se acercó aceptablemente a su efectividad, postulado de la Revolución Mexicana, estimularon el ánimo de participar en las jornadas electorales, para alcanzar uno de los más preciados bienes que esa democracia alimenta en su esencia: el poder del pueblo.
Cierto es que con la legislación actual de la materia electoral el voto es generalmente respetado y que la cultura política en este renglón discurre por mejores prácticas y se puede hablar de una notable mejoría en este tema. Ello dio origen a otras formas de manifestar ese derecho ciudadano, ya no solamente en el ejercicio del sufragio, sino en la demostración de críticas, inconformidades y protestas que muchas veces se manifiestan en las calles.
La propuesta democratizadora hoy toma otros sesgos y se exterioriza en una mayor y más respetada libertad de expresión en todas sus modalidades. El pensamiento en estos días se expresa con toda plenitud por medio de la libre opinión. No existe la censura oficial que durante décadas se daba en el pasado siglo XX. Se puede decir que la sociedad actual goza de los beneficios de una posibilidad real de expresarse sin cortapisas. Es un hecho el pluralismo, el autentico respeto a las ideas de cada quien.
Entendida igualmente como una forma democrática de sustentar ideas, ya no es solamente por medio del pensamiento ideológico o el voto sino, también con acciones de protestas callejeras originadas por demandas no atendidas que, por el deterioro en la atención a los deberes humanos fundamentales por parte de las autoridades, se traducen en manifestaciones de inconformidad, a veces violenta y sin respuesta oficial contundente.
La no atención y solución de peticiones razonables que reiteradamente se soslayan o de plano se deniegan, invitan a caer en la tentación de tomar la justicia por propia mano, por necesidad apremiante frente a un riesgo real o bien por imitación, coqueteando con la formación y el nacimiento de grupos de autodefensa ante la incapacidad de las autoridades, como ha sucedido en otras partes del territorio nacional.
Se dibuja en el horizonte, aun lejano, el fin del estado moderno, el estado democrático, para dar paso a una renovada figura político social que, bajo otras reglas, constituya una nueva forma de regir a una sociedad cada vez más inconforme y más dispuesta a llegar incluso a la violencia para conseguir un mejor nivel de vida en lo económico, ajeno a la zozobra el temor y la inseguridad. Vivir en condiciones de paz y tranquilidad, supuestos que la teoría del deber del Estado pregona pero no concreta.
El recientemente fallecido sociólogo y politólogo estadounidense, Robert Alan Dahl, hablaba de la Poliarquía como una nueva figura hacia donde se estaría encaminando la sociedad para sustituir métodos de gobierno actuales que ya la misma evolución de los pueblos busca y presiona rompiendo moldes que ya no operan.
Véanse si no los hechos cotidianos de los que los medios de comunicación informan diariamente, mostrando una, ya no tan novedosa, manera de actuar de grupos ciudadanos que reclaman la satisfacción de sus derechos de manera abierta, multitudinaria y opuesta a una autoridad, que utiliza a la fuerza pública para contener la inconformidad popular; protesta ciudadana desafiante y amotinada, que se atreve a actuar contra policías y granaderos.
El fenómeno está presente desde organizaciones sindicales que agrupan grandes contingentes de miembros como los sindicatos magisteriales, hasta pequeños grupos de vecinos que bloquean una calle porque carecen de agua o algún otro servicio municipal; o, el colmo y confesión de un sistema paternalista, clientelar que no produce sino pobreza: menesterosos sociales que reclaman en una marcha o plantón, no haber sido incluidos en un programa de asistencia social como reparto de despensas o exclusión de los beneficios de la tercera edad.
Ello pinta gráficamente hasta dónde se ha pervertido y debilitado el poder de los diversos órganos del Estado que, presionados, deben accionar en parámetros verdaderamente menores dentro de su alta responsabilidad. En una reacción bien aceptada para corregir rumbos y políticas públicas, se intenta una etapa de reformas constitucionales que permitan superar los grandes retos de la Republica. La nación reconoce ese impulso fortalecedor de las instituciones y el poder del Estado que el presidente, Enrique Peña Nieto, ha impulsado.
No obstante, en México, en algunos momentos, se observa un gobierno acotado, debilitado, sometido a fuerzas fácticas que lo desafían y obligan a concesiones fuera de norma. Organizaciones criminales sientan sus reales en zonas donde su combate se torna sumamente complicado. Corrupción e impunidad, completan un cuadro indeseable. Se señala a ciertas procuradurías y tribunales de justicia, como puntos críticos.
Afortunadamente en Veracruz, con ocho millones de habitantes, 72 mil kilómetros cuadrados de superficie y la extensión longitudinal de su territorio, su gobierno ha podido sortear con más o menos buena fortuna esta etapa compleja.
La democracia, entonces, en su gran propuesta del rescate de los innegables derechos ciudadanos, ha abierto cauces a otro tipo de presencias que hoy actúan en un marco de libertades aprovechadas por esa misma sociedad para obtener, por presión, lo que no ha logrado conseguir mediante la aplicación de la ley, como obligación del Estado y los órganos que lo constituyen.
Todo esto lleva a analizar si la actual reacción popular ante el poder del Estado, aparentemente rebasado, indica la necesidad de revisar qué es lo procedente. Si de verdad la ciudadanía está ante un imperativo cambio de los paradigmas en que está sustentado el Estado Democrático, también llamado Estado Constitucional, el ya muy antiguo modelo republicano. El tiempo hablará.
