Rubén Pabello Rojas
Toda acción de gobierno proveniente de cualquier institución pública que afecte a un individuo en particular o a la comunidad en general que constituya un acto de autoridad, debe emitirse dentro de los causes que disponga la ley.
La conducta de un servidor publico, que infrinja esta norma y además afecte negativamente a la colectividad a la que va dirigida, debe ser sancionada por el propio ordenamiento legal de que se trate. No hacerlo implica caer en flagrante impunidad, ya sea administrativa o penal.
Otra manera distinta de proceder entrañará una violación a los derechos de cualquier índole particularmente los derechos humanos. Todo funcionario debe por obligación constitucional cumplir estrictamente con el mandato expreso que le impone su específica facultad.
Cuando a pesar de la evidencia de que una autoridad no esta cumpliendo con su deber y no se sanciona su conducta, la sociedad se encuentra desprotegida y reacciona criticando a los incumplidos funcionarios o gobernantes.
Generalmente el particular, aun cuando tiene los elementos legales para impugnar los actos que lo agravian frente a la administración publica, no lo hace por muchas razones. Surge entonces a través de otros canales la crítica pública a un gobierno o a un gobernante en especial, para señalar las omisiones que perjudican a personas físicas o morales.
Se produce lo conocido como Pensamiento Crítico, que consiste en “analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos sobre aquellas afirmaciones que una sociedad acepta como verdades en el contexto de la vida cotidiana”.
De esta manera los ciudadanos o empresas afectadas descalifican, con razón, a quienes en el ejercicio de una obligación legal no cumplen satisfactoriamente. Se canalizan estas inconformidades a través de protestas callejeras o bien del modo más idóneo: los medios de comunicación, los cuales analizando con base en la razón y la inteligencia, emiten juicios de valor.
Estos además de su capacidad informativa, también son instrumentos de crítica que teóricamente debe analizar, con objetividad, los elementos basados en la razón , para emitir un juicio dentro de la ética profesional, sin caer en apasionamientos ni ataques basados en la iniquidad.
En algunos casos esta potestad, derivada del derecho constitucional, de ejercer la libertad de opinión, el humano derecho a la libre expresión, se convierte en un juicio público, a veces desmesurado, dirigido a la comunidad ante quienes exhibe a los que han cometido actos fuera de sus obligaciones.
Nada mas justificado es señalar la comisión de actos que vulneren el derecho ajeno, más aún por quienes mayormente estén obligados a respetar la norma. Para ello es inmejorable la utilización de los medios de comunicación para dar a conocer desviaciones y hasta delitos cometidos contra los ciudadanos, sujetos pasivos de un atropello oficial.
En los últimos tiempos en Veracruz, frente a una reiterada serie de irregularidades en el ramo de las finanzas públicas, que ha deteriorado el acontecer de la economía estatal y del ciudadano en particular, ha proliferado el señalamiento, cada vez mas irritado de veracruzanos que han resultado lastimados en lo mas sensible de su realidad, su ingreso económico.
Por todas partes se escucha un clamor creciente contra un estado inadmisible de cosas, que día a día lesiona su capacidad de subsistencia y deteriora su nivel de vida. Las campañas contra la pobreza suenan a burla infame contra un creciente número de población que cotidianamente se incrementa.
Si anteriormente el Sistema de Protección de la Infancia y la Familia, DIF, paliaba un poco situaciones criticas de necesidad de población vulnerable y muy pobre, hoy brilla pertinazmente ausente. Ni siquiera un apoyo de orden moral, de consuelo, como en otros agradecidos tiempos. Hoy el DIF es uno organismo insensible al dolor de la familia. ¿Cómo se evalúa hoy en día a Mixtla de Altamirano donde, hace algún tiempo, se proclamo oficialmente la erradicación de la pobreza?
Ojalá no hubiera señalamientos criticando de viva voz o a través de medios masivos de comunicación, las condiciones reales de la administración pública en el estado. Son tan inaceptables los resultados oficiales ausentes de un manejo manejo probo y eficiente de los caudales públicos, que la descalificación mas encendida queda pálida ante la dimensión de la desoladora evidencia.
Es entonces cuando el pensamiento critico, serio, cumpliendo con un deber profesional y moral, emite sus puntos de vista analizando hechos que no pueden soslayarse por lacerantes y dañinos contra la población gobernada.
Increíblemente así, a tumbos, camina Veracruz a menos de tres meses de celebrar elecciones locales para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y no siendo este gran reto poca cosa, casi estrenándose en sus responsabilidades, el próximo gobernador, diputados, partidos políticos y ciudadanía en su totalidad, afrontarán el 4 de junio de 2017, el año próximo, elecciones para renovar las presidencias de los 212 ayuntamientos y en 2018, elecciones otra vez para gobernador, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la Republica.
“Casi nada”, dijera en tono critico, hace muchos años, un reconocido y respetado maestro de la Facultad de Derecho de la ahora doliente UV.
