Ruben Pabello Rojas
Se han discutido en incontables ocasiones en diversas iniciativas, en las cámaras legislativas federales, los ordenamientos que pongan límites legales a la monstruosa corrupción que asola a México. Nada más urgente y necesario para atajar a ese flagelo de mil cabezas que es uno de los mayores males sociales que soporta la nación.
La solución del problema no permite la menor dilación. Es de urgente e inaplazable atención. Nadie lo ignora. Tampoco nadie ignora que su erradicación cae en los terrenos de algún nuevo trabajo de Hércules, cuya magnitud puede sin exageración superar cualquiera de los que la mitología griega atribuye a ese personaje.
Mal endémico, casi consubstancial a toda organización humana en cualquier región del planeta pero que en algunas sociedades se hinca con mayor poder destructivo. En México el azote no es coyuntural, es sistémico. Ha tomado dimensiones enormes y el daño causado es también de proporciones mayúsculas.
¿Qué hacer para remediar tan insufrible maldición social? No hay una respuesta a la mano. El asunto es de tan grave raigambre que pareciera insoluble. Forma parte del ser nacional. Nadie, nadie puede arrojar la primera piedra de la inocencia. En la mayor maquinación o en la más inocua mordida, todo el mundo ha caído. ¿Consistirá en celebrar El Día Internacional Contra la Corrupción? Es de risa loca, una puntada, una burla.
Forma parte de un sistema corrompido en todos sus niveles. Sobran explicaciones. Frente a un estado de cosas tan enraizado se antoja muy difícil erradicar el maleficio. Sin embargo habrá que intentarlo. Lo peor que se puede hacer es no hacer; cruzar los brazos y dejar que la serpiente se devore a si misma.
Ahora que si se analiza bien, después de entender que existe un gran catalogo de sesudas soluciones, de diagnósticos profundísimos basados en observaciones de sabios sociólogos, juristas, antropólogos y demás pensadores interesados en el tema, una de las posibles soluciones pudiera ser que se atacara frontalmente, sin subterfugios ni falsas medidas, para empezar, el problema del desempleo.
Si la población esta ocupada, si tiene satisfecha su ingreso económico, si de verdad la seguridad social funciona, gran parte del terrible deterioro causado por la corrupción, menguaría. Si una gran porción de la comunidad no tiene resuelto su problema económico, difícilmente pensara en actuar correctamente.
Lo contrario sucederá si no hay trabajo, si hay desempleo. Pero ocurre que se dan casos en que aun teniendo ocupación un ciudadano se encuentre en situación anormal al no recibir oportunamente lo correspondiente a su salario devengado o bien otras prestaciones resultantes de su trabajo o en casos extremos de pensionados jubilados que teniendo derecho a su pensión, no sean oportunamente pagados y que ello les obligue a manifestarse públicamente pidiendo a las autoridades encargadas, el justo y oportuno pago de sus prestaciones, de sus pensiones ganadas a través de años de trabajo.
Por ningún ángulo que se le vea es justificable dejar sin pago a nadie que tenga derecho a ello, pero en el caso de personas mayores, pensionadas por el régimen de protección a que se acogieron por parte del patrón, en este caso el gobierno a través del instituto obligado, es mas censurable y habla de una mala previsión de los responsables de dar cumplimiento a su quehacer y rebela mala administración.
Todo ello desembocó en los últimos días del año recién finalizado, en protestas airadas en las calles céntricas de la ciudad, que consecuentemente desarticularon la vialidad. Ello motivo la intervención de la fuerza pública para desalojar a quienes pedían con todo derecho el pago de sus prestaciones. Se reflexiona en lo que el escritor ingles, George Orwell, describe en su novela 1984, cuando habla del Gran Hermano, en una sociedad donde se manipula la información y existe vigilancia y represión política y social.
Las consecuencias fueron inmediatas. Se acumuló a la falta de pagos, la violencia con que se desalojó a las personas, todas adultos mayores, lo que aumento la tensión y la critica a quienes ordenaron semejante medida.
El problema se solucionó a medias, queda un buen tanto pendiente. Lo que no puede explicarse o mejor dicho, no se explica, es porque motivo no se cumple con una obligación tan sensible en días tan especiales como son los de final de año.
El gobierno tiene obligaciones institucionales que cumplir y un programa de administración que debe respetar. No es con la fuerza pública como se resuelve el asunto, sino con la idónea satisfacción del compromiso. Deber fundamental del Estado, por medio de los órganos que lo constituyen, es mantener la paz pública y el bien común, por medio de una administración sana de las finanzas a su encargo y responsabilidad. El deber fundamental es administrar bien la cosa pública.
Pagar salarios y pensiones a sus trabajadores es uno de los capítulos mas sensibles de esa obligación. Si no hay obras y hay deudas que impiden que el calendario de pagos a empleados, pensionados y deudores diversos se cumplimente, habrá que preguntar cual es el verdadero origen del fenómeno que lastima económicamente a toda la población.
Una deficiente administración, es duro decirlo, linda en los terrenos de la corrupción. Cuando la corrupción alcanza a ésta, se debilitan las instituciones y, consecuentemente, no es con la fuerza pública con lo que se remedia el mal.
