Alberto Aziz Nassif
Columnista invitado
Cuando un gobierno se dedica a descalificar al mensajero de forma obsesiva, algo anda muy mal en el país. El gobierno de Peña Nieto se ha dedicado a litigar con los organismos internacionales de derechos humanos en los últimos meses y días. El gobierno niega o minimiza la crisis de derechos humanos que desde hace varios años sufre México. En cualquier parte del país es visible, excepto para el gobierno, y los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han documentado el desastre.
En un comunicado del pasado 6 de octubre, firmado por decenas de organizaciones nacionales, se señalan los siguientes indicadores: “Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el relator sobre tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el relator para la libertad de expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas de América Latina”.
A todos estos mecanismos de la ONU se puede añadir el informe del GIEI sobre Ayotzinapa y las observaciones preliminares de la CIDH después de su visita al país in loco. En todos los casos el gobierno mexicano se ha querido lavar la cara y negar una realidad que lo tiene rebasado, la violencia estructural y criminal que penetra, castiga y asesina a miles de mexicanos todos los días. El informe preliminar de la comisión es un mapeo del horror que se vive a lo largo y ancho del territorio. Para la CIDH el panorama es terrible.
Por supuesto que no se reduce a la visita en cinco estados (Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz) y la capital del país; es decir, centro, norte y sur del territorio nacional; su trabajo tampoco se reduce a cinco días, como se quiso desvirtuar su labor, sino a un esfuerzo sistemático de años y a decenas y decenas de testimonios. En la visita se hizo una muestra muy representativa del país, en donde se recibieron testimonios y se hicieron decenas de entrevistas a personas de todo el conjunto social.
La comisión valora los esfuerzos del Estado mexicano en el cambio de leyes, pero enfatiza la enorme distancia entre la regla y la realidad, entre el país de las reformas sobre justicia y las prácticas. Existen diversos puntos de referencia y escala en el mapa del horror del país. El norte es azotado por el narcotráfico y el crimen organizado y en el centro y sur, se da todo tipo de tráfico (drogas, armas, migrantes, mujeres). Las desapariciones forzadas se han incrementado, al igual que las ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, Tanhuato). La tortura y la privación de la libertad es una práctica común y generalizada (10 mil personas son torturadas al año, según cifras de una ONG y se ha incrementado la detención y deportación masiva de migrantes hasta en 67 por ciento). El desplazamiento interno forzado alcanza cifras de 281 mil 400 personas y ni siquiera se reconoce por la autoridad, está invisibilizado. Hay otros tipos de violencia, en contra de defensores de derechos humanos, de periodistas y comunicadores. Para rematar esas observaciones preliminares presenta un panorama desolador sobre la impunidad y la falta de acceso a la justicia, en donde existen fenómenos graves que van desde la penetración del crimen en el aparato de seguridad y justicia, hasta la no independencia de los jueces o la completa falta de autonomía de instancias básicas como las agencias forenses.
El gobierno se quiere lavar la cara con descalificaciones fáciles y burdas, con el argumento de que se trata de un problema localizado en unos cuantos territorios y que no se puede generalizar; además rechaza a los organismos internacionales con el pretexto de un nacionalismo rancio con viejos aires autoritarios. Lo único que ha logrado es lavarse con lodo y perder más legitimidad. De la globalización sólo quiere inversión, pero no cumplir con los estándares en derechos humanos. Con la negación el gobierno agrava y prolonga el desastre…
Twitter: @AzizNassif
