Manuel J. Clouthier
Columnista invitado
En una ocasión le pregunté a un amigo de Arizona cuándo vendría a Sinaloa, a lo que me contestó: “Si ustedes, los mexicanos, no le creen a su Gobierno, es problema de ustedes. Nosotros los estadounidenses sí le creemos al nuestro. Mientras mi Gobierno me siga diciendo que no vaya a Sinaloa, no iré”.
Tiene razón mi amigo, los mexicanos no le creemos a nuestro Gobierno y a nuestra clase política. Por lo que la crisis de credibilidad en nuestras instituciones es terrible, y actualmente se encuentra en los peores niveles históricos.
Un ejemplo es que nunca habíamos tenido en el México moderno un presidente de la República con tan bajos niveles de aprobación a mitad de su sexenio. Lo más grave de esta crisis institucional que padecemos, es que se ratifica todos los días en los distintos “momentos de verdad” en los que el ciudadano tiene contacto con su Gobierno.
El ciudadano se desencanta de su Gobierno cuando se percata que éste se ha convertido en una fábrica de ricos sexenales producto de los grandes niveles de corrupción en las altas esferas del poder.
También se desilusiona del Gobierno el ciudadano que recurre al IMSS para atenderse y recibe un trato inhumano al tiempo que constata que en nuestro país la salud es un privilegio y no un derecho.
Pero la crisis de credibilidad trasciende ya al Poder Ejecutivo y ha alcanzado al Poder Legislativo y al Judicial. Así vemos que los diputados son los de más desprestigio ante los ojos de la población, después de las policías.
Igualmente tenemos que el Poder Judicial no salvaguarda los derechos de los mexicanos y ha decidido servir al poder, y no a la justicia. Por lo que la justicia es un derecho para los que tienen dinero o poder político.
El pasado 2 de julio, concluido el proceso electoral en el que obtuve una diputación federal como candidato independiente, recibí notificación del acuerdo INE/CG260/2015 del INE donde se señala que me hice acreedor a una multa por no haber acreditado “idóneamente” unos depósitos a la cuenta de cheques que aperturé para los ingresos y egresos de la campaña electoral. Me explico.
Para ser candidato independiente, de acuerdo a la convocatoria del INE, tuve que presentar una carta de intención como aspirante, misma que tendría que venir acompañada del acta constitutiva de una asociación civil asentada en registro público, con alta en el SAT, y el contrato de apertura de la cuenta de cheques a nombre de la A.C. Para dar apertura a la cuenta de cheques a nombre de Sinaloa Independiente, A.C. emití un cheque de mi cuenta personal para que se depositara en la nueva cuenta de la A.C.
Al presentar el primer informe al área de fiscalización del INE comprobé el depósito correspondiente a la apertura de la cuenta de cheques de la A.C., con la ficha de depósito, que es el documento oficial que emite el banco para comprobar el mismo, y además anexé copia del estado de cuenta de Sinaloa Independiente, A.C. donde se refleja el abono y el número del cheque depositado.
Resulta que las autoridades del INE consideraron que la ficha de depósito y los estados de cuenta no demuestran “idóneamente” el depósito del cheque y el origen de los recursos.
Ante tal absurdo decidí litigar el asunto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esperando que éste no validara la arbitrariedad del INE. Cuál sería mi sorpresa, que el TEPJF resolvió validar la idea de que el documento idóneo para demostrar el depósito de un cheque a una cuenta no es la ficha de depósito, ¡hágame usted el favor!, ¿Qué no los documentos oficiales que expiden los bancos al efectuar un depósito de un cheque es la ficha de depósito y en su momento los correspondientes estados de cuenta?
El INE y el TEPJF dijeron que no es “idóneo” y por lo tanto tendré que pagar una multa. ¿Cómo creer en nuestras autoridades si estás se empeñan en ejercer la arbitrariedad ante los ciudadanos y el Poder Judicial no te protege?
Twitter: @ClouthierManuel
