Rubén Pabello Rojas
Resultado de muchos años de concesiones a base de diálogo claudicante, el gobierno de la República ha dejado un rastro deplorable que produce en estos días frutos amargos que afectan a todo el país.
Después de décadas de aflojamientos y renuncias convenidas con fuerzas fácticas y otras organizadas, México tiene hoy que sufrir las consecuencias de un manejo perverso de la cosa pública. Cuando el gobierno cedió, -a presiones de grupos que pidiendo cosas fuera de la normatividad, vulnerando la ley por medio de concesiones dañinas, con el fin de resolver conflictos o bien para obtener lucros indebidos- los efectos nocivos no pueden ser otros.
Luego de largos años de desvíos y debilitamiento del aparato gubernamental, donde las reformas anteriores no dieron los resultados para las que fueron hechas, ante la llegada de un nuevo régimen priista, en 2012, se trató, se entiende que de buena fe y con el mejor propósito, de rescatar al país reformando gran parte de la legislación para entonces ya inoperante.
Todo inició muy bien, con pactos sociales entre agentes con representación en algún área de la actividad toral de la comunidad. Posteriormente también se materializaron reformas que la nación reclamaba y que ponían al día rezagos que, ya acumulados, lastraban al pueblo mexicano.
Todo iba muy bien, era el renacimiento de una nación, México, que empezó a llamar la atención favorablemente hacia el interior y despertó miradas positivas del exterior. El país se modernizaba en su legislación y se abrían expectativas muy prometedoras para su economía y con ello la certidumbre de elevar el nivel de vida de sus habitantes.
Todo empezó a dificultarse cuando se trató de poner en vigor esos nuevos sistemas normativos. Ahí fue donde “la puerca torció el rabo”. La reforma fiscal fue cuestionada a pesar de las bondades de que la cubrieron sus artífices. La energética ha tenido innumerables críticos, de la electoral ya se habla de su fracaso y de una contrarreforma y así todas, a nadie agradaron unánimemente, todas tuvieron un pero, chico o grande; nadie quedó conforme.
Para colmo de complicaciones, en medio de negros nubarrones, la situación de inseguridad, corrupción e impunidad, asomó la sombra de prevaricación en los más altos personajes del poder público federal. Ahí ardió Troya. A partir de ese momento todas las reformas perdieron su halo bienhechor. Se sembró y fomentó la duda y el país fue escaparate de señalamientos cada vez más dañinos para la salud pública.
Acontecimientos violentos que aún en estos días tienen secuelas negativas y no terminan de aclararse, dan pie a un movimiento popular con el que se ha tenido que lidiar sin superarse. Antes que resolverse da lugar a mantener un estado incierto de indeseable inestabilidad social.
Grupos organizados y otros de ciudadanos afectados se han sumado para reclamar, a veces con violencia, la aclaración definitiva de su dolorosa duda. Terceros segmentos antisociales, han aprovechado la debilidad institucional, para desafiar al poder público con actos de franca rebeldía.
Dentro de las reformas aprobadas en este régimen se encuentra la educativa. Desde su iniciativa, discusión, aprobación y promulgación, fue impugnada por un sector significativo de profesores adheridos a una organización magisterial, que nunca estuvo de acuerdo con algunas de las nuevas reglas.
Si algo necesita el país es consolidar un sistema educativo que rescate a su población. Es un argumento inatacable. De una buena educación formal, dependerá el progreso y bienestar de sus componentes. Es una verdad absoluta.
¿Qué sucede entonces? Respuesta difícil. Habrá que retroceder en el tiempo y analizar desde cuándo se ha pervertido la relación gobierno-sindicatos magisteriales. Lo que ahora sucede no se generó en este régimen. El magisterio creció naturalmente, al aumentar la población demandante de un derecho consagrado en la Constitución, a cargo del Estado, impartido en forma eficiente y gratuita, abarcando ahora hasta la enseñanza media, es decir la preparatoria.
Ante obligación tan enorme, el Estado por medio del poder, debe responder sin excusa. La aplicación de las nuevas reformas, en el renglón educativo, con los nefastos antecedentes producto de diálogos perversos y concesiones inconfesables con líderes corruptos, hoy hasta en prisión, abrió espacios para la inconformidad de grandes núcleos de maestros que quieren la reforma educativa, pero que sea equitativa y que vaya al fondo integral del problema.
Frente a la inminencia de las elecciones federales del 7 de junio próximo, en vista de la posición de rechazo a las nuevas leyes en la materia, grupos organizados de profesores han advertido al gobierno de boicotear los comicios en algunos estados de la República. Ante esta posición tan determinante y reflejando la grave debilidad acumulada por el gobierno, se anuncia que lo dispuesto en la ley reformada en materia de evaluación, para la evaluación de ingreso, promoción y permanencia de los profesores de educación básica y media superior, queda suspendida indefinidamente.
Lo anterior provocó la inconformidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que argumenta fue ignorado y vulnerada su autonomía. Organizaciones No Gubernamentales (ONG), piden no ceder a chantajes y el PAN pide la cabeza del secretario Emilio Chuayffet.
A seis días de la elección federal, en medio de este galimatías, abundan comentarios, opiniones y posturas; la libertad de expresión lo avala. Sin entrar a analizar cuál de las partes en conflicto tiene la razón, queda un sentimiento profundo de insatisfacción, un vacío en la conciencia y una duda de pensar hasta dónde este descenso, ésta pérdida de fuerza del Estado se detendrá. Sufre el Alma Nacional.
