Rubén Pabello Rojas.-

Uno de los componentes del Estado Democrático, como se conoce actualmente, es el Gobierno, muchas veces suele confundirse con el Estado mismo. Los otros dos conceptos que conforman a esa figura político-social, son el Territorio y la Población.

Quizás el más elevado principio regulador de la necesidad que exista un Estado, desde “El Contrato Social” de J.J. Rousseau, es el lograr el bienestar de la comunidad establecida en el territorio en que se asienta, proporcionar el bien común y la paz pública.  El artículo 40 de la Carta Magna, establece que México es una República: Representativa, Democrática y Federal.

La pérdida constante de capacidades de las potestades ejecutivas asignadas al Gobierno de ese tipo de Estado, hablan, según los estudiosos de la materia, de un Estado fallido, una entidad constituida conforme a la ley, que no cumple satisfactoriamente con su primordial obligación que es la de gobernar, bajo el imperio de esa misma ley que lo crea, para bienestar de su comunidad.

El Estado Mexicano, sufre actualmente un grave deterioro en su función de proteger a sus habitantes en vastas y crecientes partes de su territorio. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y algunos otros puntos del país, presentan síntomas muy preocupantes de un desarrollo inconveniente para la salud pública de esas entidades, que indican que el fenómeno parece incontrolable y tiende a extenderse a otros estados.

Ahora se revelan casos que llevan a identificar vicios por parte de los partidos políticos, que  corrompidos por fuerza negativas, alteran el  ejercicio del poder al proponer  malos candidatos sin control de idoneidad  moral. Obtenido el triunfo electoral, al ejercer sus funciones, se alían con agentes criminales, infectando el poder en perjuicio de la población a la que están obligados a servir.

Son las consecuencias avistadas desde la extraña forma, solo convenenciera, de armar alianzas, llamadas contra natura, cuando se juntaron  PAN y PRD para presentar candidatos a gobiernos estatales y municipales, los cuales han tenido un resultado verdaderamente catastrófico, precisamente en los estados ya mencionados. Hoy se pagan réditos de infelicidad social como resultado de inventar modos inconvenientes de conducta electoral para obtener el poder por el poder, a cualquier precio.

Este desorden en el país exigió la intervención del poder federal. Paradójicamente la federación, como última ratio, ha tenido que apresurarse a contener conductas públicas negativas que han trascendido a la esfera delictuosa sin que los gobiernos estatales, por incumplimiento de sus atribuciones, hayan atendido. Esto, en los hechos, convierte a una República, federal en lo formal en una centralista en lo funcional por la ineptitud o molicie de las autoridades locales, o municipales.

Al intervenir por absoluta necesidad, causa desconcierto la forma titubeante, no muy transparente como autoridades federales, en franca sustitución de las ineficientes e inútiles locales, hacen las investigaciones de crímenes de alto impacto social, los cuales generan temor y reacciones populares.

Proliferan la manifestaciones públicas, unas pacificas masivas y otras vandálicas sin que ninguna autoridad intervenga para sofocar, para contener una conducta multitudinaria que degenera en actos de rapiña o ataque a edificios públicos con tolerada impunidad.

El aflojamiento del eficaz ejercicio del poder en sus diferentes niveles de gobierno, cobra ahora dividendos aumentados y cada vez es mayor el precio que debe pagar la ciudadanía por recuperar ese orden jurídico, ese estado de derecho tan aludido en discursos y tan perdido en la realidad.

Ha faltado la eficiente y eficaz acción del gobierno para mantener, por medio de la Acción Púnica,  niveles aceptables de convivencia humana dentro de sus obligaciones. Ese aflojamiento perverso ha llevado al país a su actual situación. El crecimiento de la impunidad, fortalece la sub cultura de la corrupción, hecho incuestionable.

No es válido ni suficiente crear instituciones burocráticas para el combate a la corrupción. La lucha es contra las causas, no contra los efectos El problema es de fondo, no se supera con aumentar   más la alta burocracia. En una paradoja muy creíble, puede caer en lo mismo para lo que fue creada. Así disfunciona el país increíblemente.

Habrá que acudir a las antiguas teorías jurídicas de La Causa que apuntan que: “El que es causa de la causa, es causa de lo causado”. No es muy difícil determinar quien, en este lamentabilísimo asunto, es causa de lo causado.