Por: Humberto A. Ramírez Saínz, Consejero Electoral.-
Hace unos días, con la firma de convenio entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Instituto Nacional Electoral, podrán coordinarse para reforzar la fiscalización de los recursos públicos, así como compartir información acerca de servidores públicos inhabilitados y las empresas sancionadas.
El tema de la fiscalización resulta importante en los procesos electorales porque es el instrumento idóneo para regular el manejo de recursos públicos, destinados a los partidos políticos.
Y es ahí donde el Instituto Nacional Electoral tendrá la tarea principal de vigilar, analizar, informar y sancionar, en su caso, a los actores que trasgredan las disposiciones normativas. Acciones que se llevarán a cabo en este proceso electoral 2014-2015.
Recordemos que con la reforma político-electoral de este año, en las elecciones locales, el INE tendrá la obligación de impartir la capacitación electoral; determinar la geografía electoral (distritos y secciones electorales); trabajar en el padrón y la lista de electores; determinar la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; dar los lineamientos para los resultados preliminares; así como fiscalizar los ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos locales.
Estos cambios que se introdujeron por parte de los legisladores, tienen la intención de evitar que se vicien los mecanismos fiscalizadores, y se pueda garantizar la certeza, principio rector electoral, así como la transparencia en la rendición de cuentas de los partidos políticos.
Sin embargo, algunos especialistas en derecho electoral opinan que esto no es determinante para erradicar las malas prácticas, y así generar mayor confianza a la ciudadanía.
Cuando la iniciativa de reforma daba de qué hablar, los consejeros del extinto IFE señalaban que el nuevo modelo de fiscalización podría prestarse al manejo político, ya que son parte del Consejo General los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos, por lo que quienes tomarán decisiones sobre el uso de los recursos de los partidos serán a la vez juez y parte del proceso.
Es por ello que se necesita en la brevedad posible otra reforma político-electoral que perfeccione estos temas de vital importancia para cubrir esas lagunas jurídicas que incluso han sido discutidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
