Rubén Pabello Rojas
El tema es inevitable, verdaderamente insoslayable. La pregunta no es: ¿Qué pasa?, sino ¿Por qué pasa?
Los últimos acontecimientos en el estado de Guerrero, en Iguala, donde se gestó gran parte del movimiento independentista de México, vuelven por enésima ocasión a inquietar al resto del país. La franja del Pacífico mexicano desde la frontera con Guatemala hasta casi la frontera norte se ha identificado como un corredor donde los acontecimientos delictuosos han tomado carta de naturaleza, y han producido graves desajustes a la vida de esos lugares.
El crimen y sus nefastas consecuencias hace mucho tiempo que lastiman la vida cotidiana de sus habitantes, quienes miran, con creciente riesgo y temor, cómo la paz pública y el bien común, que el gobierno constituido tiene obligación estructural de proporcionar, cada día es más lejana su materialización.
Chiapas, tal vez un poco menos, pero Oaxaca, el propio Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y parte de Sonora y hasta Baja California, en ese lado del océano, se hayan infectado de males que no han podido ser erradicados a pesar de su combate. Este fenómeno contamina a Morelos, Estado de México y DF. Del lado del Golfo de México, reciente el flagelo, con gran intensidad, sólo el estado de Tamaulipas.
Entonces no es ¿qué pasa? ¡No! La cuestión es ¿por qué está pasando?
Sin aventurar teorías que pertenecen a la investigación socio-política, se puede pensar que las modificaciones de las conductas adoptadas por muchos gobiernos estatales han sido indiferentes a la solución de problemas de su competencia, para dejar que el Gobierno federal actúe y resuelva lo que corresponde al área local.
La mala práctica comenzó a observarse desde los gobiernos panistas, cuando la mayoría de gobernadores eran priistas y se aflojó la relación entre poderes ejecutivos: federal y estatales. Sin lanzar hipótesis ni análisis profundos y sin el menor asomo de querer inventar las teorías que generan el agua tibia, se arriesga una visión particular del complejo asunto.
Cuando el país, a partir de fines los años 60 del siglo pasado, abrió los cauces a una más cercana democracia, se generó también en esa apertura la libertad de expresar conducta y pensamiento político.
La práctica de una democracia más objetivable trajo, como consecuencia benéfica, la alternancia en el poder y con ello nuevas formas de hacer y entender la política militante. Creció la fuerza de los partidos hasta los linderos negativos de una verdadera partidocracia y el poder público se fraccionó.
Poco del antiguo régimen hegemónico quedó en pie. En esa diversidad, gobernó un partido que no supo “con qué se comía” ese poder. Ni surgió un nuevo orden, ni terminó de morir el anterior. Sobrevino la lógica alternancia en el gobierno de los estados, de la federación, de los congresos de ambos niveles y el país se encontró con nuevas formas políticas antes desconocidas.
Los gobernadores antes sujetos a un orden político rígido descubrieron que podían intentar y lo hicieron, el gobierno autónomo en su territorio y se transformaron en señores feudales fuera del alcance del menguado soberano, que no supo, en dos ocasiones, cómo resolver su reto histórico.
Sobrevino la descomposición del poder nacional. Se corrompieron muchas de las instancias locales y se cedió ante fuerzas oscuras del crimen organizado. El combate a este fue sangriento en el calderonismo y ello no lo contuvo.
Hoy con otras tácticas se intenta recuperar aquel modus operandi del antiguo PRI, sin embargo, las condiciones ya no son las mismas. El país cambió, la sociedad ya no se conduce con las mismas reglas. México ya es otro.
Señal diferencial de ello puede mencionarse, no compararse: el México de 1968, con la represión sangrienta en Tlatelolco, y el New deal del gobierno actual con los estudiantes del Politécnico, a través del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, mansito y obsecuente concededor.
La sociedad mexicana se transformó, se democratizó, se tornó más crítica y más actuante. En algunos casos muy lamentables, destructiva. El formidable desafío es canalizar toda esa energía comunitaria hacia espacios donde esa paz pública y ese bien común, esencia del Estado de Derecho predominen sobre toda nación soberana y libre.
El sentimiento nacional indica que ese imperativo popular, debe ser realidad inmediata en esta ahora golpeada Patria Mexicana. La cuestión es inaplazable.
