Miguel Molina
Septiembre se acaba con un debate que seguirá hasta octubre y después hasta que algo nuevo pase y la atención pública se distraiga con lo que sea. Pero esta vez la naturaleza del debate provoca preguntas que alguien tiene que hacer.
Por supuesto, estamos hablando del proyecto de ley de Tránsito y Seguridad Vial que recibió el Congreso oficialmente de manos del diputado Adolfo Jesús Ramírez Arana, aunque la tradición permita sospechar que el documento se redactó en alguna oficina de Palacio de Gobierno, dadas las erratas legales y de las otras que uno encuentra en el texto aun sin querer.
Lo que uno puede ver desde lejos, casi a salvo de las pasiones locales, es que se trata de un proyecto de ley que responde a una de las quejas más encendidas de muchos xalapeños, y de los habitantes de otras partes del estado, y que va más allá de las manifestaciones.
Dice el diputado Ramírez Arana (o el redactor anónimo que preparó la propuesta) que "desde hace algún tiempo, lo mismo en zonas urbanas que en localidades rurales se han escuchado voces de ciudadanos representativos, de grupos de transportistas, organizaciones campesinas y de la ciudadanía en general". Y esas voces dicen que hay que hacer algo.
Lo que se le ocurrió al legislador —en su calidad de presidente de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso— fue modificar la ley, "pues presenta defectos y omisiones que no coinciden con la realidad que hoy presenta la movilidad vehicular en el Estado".
De manera inusitada, el diputado Ramírez Arana declaró que el problema de la vialidad "debe abordarse a través de la búsqueda de soluciones que satisfagan a quienes usamos todos los días las calles" porque "se trata de un sentido problema social pues nos afecta sin distinción".
Todo iba bien hasta que el diablo se apareció en el párrafo IX del artículo 16, que obliga a las autoridades a garantizar los derechos de terceros cuando haya una marcha o un plantón, "para cuya celebración deberá contar con autorización".
El mal apareció también en el artículo 17 (que penaliza a quienes manifiesten sus ideas sin permiso escrito), y volvió a salir en el artículo 61, que repite la advertencia. Y el valor del artículo 62, que establece la obligación de brindar las facilidades necesarias para las manifestaciones públicas, se va al infierno cuando aparece la necesidad de autorización.
Uno podría seguir analizando casi palabra por palabra el documento que descansa en algún escritorio del Congreso, en espera de que se abra el cajón donde va a pasar largo tiempo, pero no vale la pena. El derecho a decir lo que uno piensa está por encima de muchas otras cosas. Aunque no sobre todas.
Lo que sí vale la pena es rescatar la intención del legislador, o de quien haya sido el que redactó esa vaina, para hacer frente a los problemas de vialidad, sobre todo a los problemas que las manifestaciones y los plantones causan a la vialidad.
Es claro que el documento está lleno de un aire autoritario que debe perderse tan pronto como sea posible, y eliminar del texto toda idea de permiso para expresar ideas, descontentos o caprichos. Pero hay partes que tienen sentido, aunque la pasión no permita leerlas con claridad.
También es cada vez más claro el papel tan pobre que juegan los partidos en el Congreso y las organizaciones políticas cuando se trata de resolver los problemas de la vida pública.
Uno se apresura a buscar los datos en la página del Congreso en Internet, y descubre que no hay nada que permita establecer quién ha propuesto qué ley. Lo más probable es que ningún partido propuso nada, aunque sabe que en legislaturas anteriores se dieron casos aislados de proyectos presentados por la oposición.
La pereza me impide contar cuántos proyectos de ley han presentado los diputados de cualquier color en esta legislatura, pero uno sabe que son mucho menos que los que ha presentado el ejecutivo, aunque estén mal escritos. Ojalá me equivoque.
Hasta ahora, uno ha leído solo críticas merecidas al documento que recibió el Congreso la semana pasada, y sabe también que pocas voces han ofrecido alternativas al proyecto de Ramírez Arana.
Pero muchos, casi todos, se opusieron cuando el diputado Ramírez Arana ofreció modificar las partes autoritarias de su proyecto, como si todo estuviera contaminado por la tentación autoritaria (habría que recordar que las leyes son autoritarias por naturaleza).
Lo que queda pendiente es quién decide quién tiene derecho a manifestar sus ideas en la vía pública. Muchas de las opiniones que he leído limitan ese derecho a las protestas que consideran legítimas y descalifican a grupos que consideran corruptos, ilegales, espurios o etcétera.
Y esas voces corren el riesgo de terminar siendo más restrictivos que la ley a la que se oponen, con razón o sin ella. Quizá lo único bueno de este ejercicio es que me hizo pensar otra vez en México, de donde sigo cerca aunque esté lejos.
