Yolli García Álvarez, Consejera del IVAI
¿Será este el presente que se imaginaban las 200 organizaciones no gubernamentales de 75 países que en 2002 se reunieron en Sofía, Bulgaría, para obtener el reconocimiento del derecho a saber como uno de los máximos ideales de la democracia moderna? No lo creo.
En esa época se buscaba el reconocimiento internacional del derecho de los ciudadanos a saber qué hacen sus funcionarios, su inclusión en las legislaciones de cada país, su aceptación como un elemento esencial de la vida democrática y el estímulo de acciones para combatir y superar los obstáculos que lo vulneraban. Crearon una red de promotores y defensores del derecho de acceso a la información para que generara gobiernos más transparentes y promoviera una ciudadanía más informada. Ahí se definió que cada 28 de septiembre se celebraría el Día Internacional del Derecho a Saber.
Hoy, a 12 años de esa conquista, sabemos que no es suficiente con solo acceder a la información.
La ciudadanía aspira a tener gobiernos que informen, expliquen y justifiquen con claridad, oportunidad y responsabilidad el uso de los recursos públicos; las razones en las que sustentan sus decisiones y los resultados obtenidos por los programas y políticas públicas bajo su responsabilidad. Gobiernos que provean información y además rindan cuentas claras en su actuar.
Para ello la transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, combatir y prevenir la corrupción, así como fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.
Fortalecer la rendición de cuentas implica no solo la posibilidad de exigir a las autoridades explicaciones respecto a las decisiones que toman, sino además que se responsabilicen de sus actos y que en caso de que se identifique alguna irregularidad puedan ser sancionados.
¿A qué nos enfrentamos hoy?, ¿es la cultura el problema?, ¿la falta de contrapesos?, ¿el más potente órgano anticorrupción podrá erradicar los vicios?
¿Una reforma anticorrupción debe ser mucho más que tan solo la creación de un órgano autónomo que la combata?, ¿es acaso un asunto de cómo se estructura el sistema político?, ¿la corrupción y la falta de transparencia son decisiones sistémicas que toman los actores políticos?
Las respuestas las tenemos nosotros. Tenemos el deber de proponer y exigir una solución con una visión completa que incluya desde la prevención hasta la sanción. Crear un cambio de raíz, y pensar en la articulación de un conjunto de instituciones que afronten el problema.
No basta con perseguir a quienes han cometido faltas, esa no es la solución; hay que construir garantías y políticas públicas integrales que permitan erradicar esas conductas, eliminar las deficiencias en materia de documentación y archivos, evitar la fragmentación institucional, implementar y consolidar buenas prácticas de rendición de cuentas, realizar autodiagnósticos, crear procesos de monitoreo y evaluación de las acciones gubernamentales.
Hay que explicar la forma en que se asigna el presupuesto en función de los problemas públicos que el país está reclamando, crear indicadores puntuales para los procesos de licitación y adquisición, poner en línea la contabilidad gubernamental, crear evaluaciones y monitoreos públicos y abiertos del actuar gubernamental que cierren con un proceso de fiscalización del uso de los recursos, para empezar.
Hay que compaginar un grupo de acciones paralelas que permitan atacar todos los frentes con una visión global y comprometida. Es tiempo de diseñar juntos, ciudadanía y gobierno, una política pública de rendición de cuentas completa, articulada y coherente. Es tiempo de la participación ciudadana; de hacerle honor al 28 de septiembre.
