22 de Noviembre de 2024
Director Editorial Lic. Rafael Melendez | Director General - Dr. Rubén Pabello Rojas

Veracruz supera las diez mil denuncias por violencia familiar    

 

 

 

 

 

 

PERLA SANDOVAL/AVC

XALAPA

Hasta noviembre del 2020, Veracruz registró más de diez mil denuncias por violencia familiar y violencia de género de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, se registraron 79 feminicidios, y la entidad continúa en segundo lugar en extorsión contra mujeres con 284, el tercero en secuestros con 18, y el séptimo en violencia familiar con nueve mil 572 denuncias.

Activistas y académicas entrevistadas por AVC comentaron que estas cifras evidencian que la alerta por violencia de género no ha funcionado, lo cual se suma a la falta de voluntad de las autoridades para llevar a la práctica los planes y programas que se anuncian para atender estos hechos.

URGENTE, REFORMULAR MECANISMO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: ESTELA CASADOS

Las cifras dadas a conocer por el Secretariado no corresponden a los posibles feminicidios documentados a través de las notas periodísticas por parte del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV), ya que de enero a noviembre suman 79 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pero el Observatorio ha registrado al menos 89 asesinatos de mujeres con características de feminicidios.

La investigadora y coordinadora del Observatorio Universitario, Estela Casados González, señaló que el problema no solo es de Veracruz, pues otras entidades como Estado de México, que tiene dos declaratorias, no han logrado disminuir los índices de violencia.

“Es sintomático como el mecanismo de la alerta por violencia de género no están funcionando en el panorama que vemos. Si nos fijamos Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, los estados que están en los primeros lugares son los que tienen declaratoria; Estado de México y Veracruz que son las dos entidades que tienen dos declaratorias están en primer y segundo lugar, nos está diciendo que el mecanismo no está funcionado”.

Por ello, consideró que es necesario reformular este mecanismo para lograr hacerlo más eficiente, aunque dijo que de poco servirá que este mecanismo sea más eficiente si no hay una vigilancia en su cumplimiento y no se destinan los presupuestos para hacer funcionar las medidas.

“La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres coordina acciones, pero no maneja presupuestos, no tiene ese peso en autoridad para obligar a las autoridades de cada estado para cumplir con ciertas cuestiones”.

La académica lamentó que aunque los mecanismos para atender la violencia existan, los planes de trabajo no se ponen en marcha y por tanto no aterrizan a los municipios con declaratoria, lo cual dijo es grave porque además de los 11 municipios que iniciaron con la declaratoria por violencia de género se sumaron 47 con población indígena.

“No están sintiendo la efectividad del trabajo, de algún programa, estrategia o política local para frenar la violencia hacia las mujeres (...) No hay obligatoriedad de nada, y esa falta de compromiso no conoce partidos, no hay sanción para los gobiernos locales, falta que se pongan las pilas; es preocupante el grave desinterés porque así haya sanciones, lo que temo es que siempre se va a estar jugando con el discurso de una preocupación y un compromiso para salvaguardar la vida de las mujeres y lo cierto es que no lo hacen”.

Cabe destacar que el Secretariado señala que hay siete municipios en la lista de los 100 a nivel nacional con mayor número de estos casos; aparece en el lugar 15 Veracruz que reporta ocho casos denunciados; en el lugar 51 a nivel nacional aparece Coatepec con cuatro feminicidios y luego de forma descendente aparecen Coatzacoalcos en el 80, Emiliano Zapata en el 81, Papantla en el 82, Tuxpan en el 83 y Xalapa en el 84 con tres feminicidios cada uno.

NECESARIO DAR SEGUIMIENTO A DELITOS DENUNCIADOS POR MUJERES: EQUIFONÍA

La coordinadora de la organización Equifonía AC, Araceli González Saavedra, considera que las cifras del Secretariado solo muestran “una parte” de la problemática, pero no da seguimiento a los delitos contra las mujeres que son denunciados.

En ese sentido, dijo que es urgente que no solo se den a conocer las estadísticas en cuanto a delitos, sino también en cuáles de los casos de feminicidio se ha identificado a los responsables, cuántos han sido detenidos o procesados, cuántos han sido sentenciados y si ha habido amparos que hayan revertido la sentencia.

Consideró que esto serviría para revisar el protocolo de investigación y saber si tal cómo está favorece que se garantice la justicia en los casos; adicionalmente, opinó que la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) dé a conocer los resultados de sus análisis.

“De modo que podamos conocer los factores que están contribuyendo a la problemática. Si tiene que ver con decisiones institucionales, el contexto familiar, comunitario y dentro de todo el proceso desde que ocurre la agresión hasta que se garantiza la justicia; cuáles son las medidas que se tendrían que tomar porque tiene dos años operando”.

Araceli González insistió en que no basta con contabilizar los casos de violencia contra las mujeres si no se toman medidas para la prevención de esta problemática; añadió que también el Gobierno de Veracruz debe dar a conocer cuáles son los resultados de la estrategia Cero Tolerancia.

“Debe decir qué es lo que han estado haciendo, porque hay diferentes problemáticas, no es solo una, en las que sigue siendo insuficiente la respuesta institucional. Seguimos siendo uno de los estados de niñas víctimas de pederastia que se enfrentan a un embarazo en donde la respuesta institucional también es insuficiente. Toca que el Gobierno del Estado informe los resultados que han obtenido con la estrategia Cero Tolerancia”.

La activista advirtió que diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la estrategia no iba a dar resultados significativos debido a que es una declaratoria “de buenas intenciones”.

“El gran reto está en el diseño de programas específicos y que haya una articulación entre las diferentes instituciones, que se asignen recursos y que haya claridad en el proceso de toma de decisión, algo que no ha ocurrido”.