A la magistrada la señalan por usurpación de funciones.
ISABEL ORTEGA/AVC
XALAPA
El juez José Clemente Zorrilla presentó una solicitud de juicio político contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, por usurpación de funciones, al removerlo como encargado de Ozuluama.
La presidenta mandó un oficio el 20 de octubre en el que le notifica que por acuerdo del Consejo de la Judicatura sería relevado de su cargo por Óscar Hernández; sin embargo, fue una decisión personal.
Ese hecho es violatorio de la ley, lo que abre la posibilidad de que la magistrada pueda ser sancionada y destituida del nombramiento que le dio el Congreso local, informó el abogado Argel Aguirre García, representante del despacho Aguirre & Montoya Abogados.
“El juicio político es una herramienta ciudadana para que los diputados puedan conocer y desahogar un procedimiento para que se ventilen violaciones graves en derechos humanos, o las violaciones graves a la función que les fueron encomendadas”.
Denunció que su representado fue despojado, de manera arbitraria, de los asuntos que conocía en Ozuluama; si un juez es despojado se violenta el Estado de Derecho y tiene un impacto en el resto de la población, “no puede haber un juez de contentillo”.
La entonces presidenta Sofía Martínez emitió dos oficios, el 19 y 20 de octubre, en el que comisionó al juez Óscar Hernández, expedientes que conocía Clemente, lo que es violatorio de la ley orgánica.
“En ambos oficios la expresidenta dice textualmente que lo que hace lo acordó el Consejo de la Judicatura (…) está usurpando funciones del Consejo que no determinó nada”.
Por eso, en la petición que se presentó al Congreso local, se está pidiendo que se requiera un informe del acuerdo de la Judicatura.
Además, del juicio político, se presentó un amparo, y se podría presentar una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción.
Clemente Zorrilla, quien ratificó la denuncia este mismo miércoles, aseguró que su actuar no está vinculado a la destitución que hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura; fue la propia Martínez Huerta, que violentó la ley, lo que lo llevó a presentar la petición ante el Congreso local.
“Esto deviene de las acciones de la magistrada presidenta” dijo y descartó que no existe algún motivo personal o profesional para que se le retiraran los asuntos que tenía a su cargo.