Ante riesgos de trabajo por COVID-19.
PERLA SANDOVAL
XALAPA
Dulce, enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona norte de Veracruz fue contagiada de COVID-19 mientras estaba asignada a la Central de Equipos y Esterilización, que abastece de equipo estéril a los quirófanos; sin embargo, así fue enviada a trabajar durante una semana al área COVID; sus jefes le querían impedir ir a cuarentena.
Eso la obligó a buscar un amparo ante un juez federal para lograr respeto a sus derechos laborales, a la salud y la vida.
La suspensión fue otorgada de plano y el IMSS acató la orden del juez, pero únicamente le otorgó 14 días de incapacidad, y pasado el tiempo, sin examen COVID de por medio, pretendían que se reincorporara nuevamente a sus labores.
En Veracruz se reportan más de 150 casos de trabajadores del sector salud estatal y federal que han interpuesto amparos contra la negativa de las autoridades para enviarlos a resguardo, ante la falta de equipos de protección en hospitales, contagios o comorbilidades que ponen en riesgo su vida.
“No los ven como ser humano, como compañeros de trabajo, sino como algo que pueden utilizar y mover de lugar para atender la pandemia”, advierten abogados que defienden a los trabajadores y fueron consultados por AVC Noticias.
Cámpoli Abogados Penalistas, uno de los despachos, advierte que el 80% corresponden a personal del IMSS, a quien no se le respetó el derecho a resguardarse por ser población vulnerable.
A nivel nacional el despacho lleva 200 amparos promovidos, de los cuales al menos 150 son de trabajadores en Veracruz.
El abogado Gabriel Campoli señaló que del total de amparos promovidos por trabajadores de salud, ha habido entre 10 y 15 colectivos en los que se incorporaron entre 50 y 60 personas en cada uno.
Narró que hay casos en que a otros trabajadores con licencia el IMSS comenzó a retirarlas y pedirles que se reincorporaran a trabajar. Otros amparos fueron promovidos por personal de salud que resultó positivo a COVID-19 y al que se le obliga a trabajar, a pesar del riesgo que eso conlleva.
“A la gente a la que se le había dado la licencia se le está quitando y eso es serio, porque si era una persona vulnerable al principio de la pandemia cuando los índices de contagio eran mucho más bajos cómo se me va a ocurrir que ahora con un índice mucho más alto, la voy a mandar a trabajar, no es lógico. Los amparos que se están presentando son en favor de quienes se les dieron licencias y se las están queriendo quitar”.
Señaló que bajo la justificación de que hay poco personal, el IMSS ha presentado quejas y recursos contra los amparos; “ha hecho lo imposible tratando de tirar las suspensiones de plano, pero no ha podido porque está en peligro la vida y la salud de las personas”.
En el caso de los trabajadores que se contagian de este virus, el IMSS los incapacitaba como una enfermedad general y no como riesgo de trabajo y eso significa que el personal solo recibía el 60% de su salario, pero cuando se trata de una enfermedad de riesgo de trabajo, el IMSS está obligado a pagar al 100% los salarios.
La abogada María Dolores Sierra Raygoza ha llevado 18 amparos de trabajadores del IMSS en Orizaba, Coscomatepec, Córdoba, Zongolica y Xalapa, que se quejan porque a pesar de estar en las listas de personal vulnerable con permiso a resguardarse, por no ser amigos de los directores no se les permitió ausentarse.
“Desgraciadamente no se los hicieron saber a todos los trabajadores, incluso en Hospitales y Clínicas se tenía una lista de trabajadores que eran susceptibles de salir bajo ese convenio pero sucedió que sólo los amigos de los directores se iban”.
Dijo que aunque ganaron el amparo, el convenio dicta que desde el pasado 1 de agosto tenían que reincorporarse a sus labores; sin embargo, han buscado hacer valer el amparo porque se trata de personas con un riesgo mayor ante el incremento en el índice de contagios.
“Si yo le demuestro a un juez mi condición, el acuerdo general no está por encima del artículo cuarto constitucional que es mi derecho a la vida y a la salud. No los van a reincorporar hasta en tanto el IMSS no justifique que tiene las medidas sanitarias adecuadas para ello y eso nunca lo van a hacer”.
La situación es todavía peor en hospitales rurales, en donde sólo se delimitaron “las áreas COVID” con una cinta amarilla que dice “peligro”, pero la entrada de todos los que acuden, sean o no casos COVID, así como mujeres embarazadas, urgencias y demás, deben hacerlo por el mismo sitio, como en el caso del Hospital de Coscomatepec.
A ello se suma la actitud negligente con que operan; una enfermera de ese hospital con síntomas de la enfermedad tuvo que ampararse porque mientras espera el resultado de la prueba COVID, el IMSS se niega a separarla de su puesto de labores.
En Xalapa otra enfermera logró amparo porque dio positivo a COVID. El IMSS la separó 14 días y ya la reincorporó a trabajar, pero no realizan exámenes de seguimiento para ver si la enfermedad ya cedió, si ya no es propagadora o si no hay una secuela física..
En el Hospital de Orizaba habilitaron áreas COVID como en el resto del estado pero los trabajadores relatan que no hay un control adecuado para evitar el contagio; la mayoría son cambiados de área a falta de personal, y aunque cuentan con bolsa de trabajo, no han contratado a más personas.
“Los trabajadores dicen que los directores y jefes de Servicio cambian de lugar a los trabajadores de acuerdo con la necesidad, pero sin cubrir al personal que se fue a resguardo. Si tienen a una enfermera en ginecobstetricia, pero si ese día no hay una mujer embarazada, la mandan a COVID (...) una que está en neonatos, si no nacieron niños, las mandan a otra área; los mueven de sus áreas y por eso se infectan”.
Trabajadores del Hospital de Zongolica relataron que el director les advirtió que no buscaran ampararse, pues él se iba a quedar, por lo tanto, ellos debían hacer lo propio; que se “pusieran la camiseta” y que “se murieran en la raya”.
La mayoría de amparos han sido promovidos por trabajadores del IMSS, aunque esto no significa que en la Secretaría de Salud haya menos irregularidades, sino que el temor a perder el trabajo es mayor, señalaron los abogados.
La presión no solo de los jefes inmediatos sino hasta de los propios sindicatos ha generado que los empleados desistan en su intención de ampararse.