JUAN DAVID CASTILLA ARCOS
XALAPA
César Fernández Ramón no pudo despedirse en persona de sus tres hijos, de 11, 4 y 2 años, ni de su esposa Andrea Montero, pues contrajo el SARS-COV-2 (COVID-19) en el barco La Bamba donde laboraba y, después de una semana, murió.
Era el coordinador de Control de Obra en plataforma, en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde 2013 laboraba para la empresa Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo, proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se encargaba de los trabajos de reparación en plataforma de Pemex.
A principios de junio pasado, el empleado se presentó con Luis Rey Márquez González, médico de Demar, para informarle que su compañero de dormitorio, Sergio Hugo Espinosa, ingeniero de planeación —también originario de Veracruz— tenía todos los síntomas de COVID-19.
Estaba preocupado por su salud y la de todo el personal que trabajaba en la plataforma en ese momento. Por ello, solicitó que su amigo recibiera la atención médica correspondiente, que fuera aislado y que todos sus subordinados bajaran de alta mar para entrar en cuarentena.
Pero el médico sólo respondió: “Es un simple resfriado, no sean paranoicos, vuelvan a trabajar”.
César contó todo a su esposa, quien permanecía en el Puerto de Veracruz con sus hijos. Aprovechaban la tecnología y se escribían con frecuencia. El 5 de junio externó que tenía tos y fiebre, pero que parecía estable y esperaba pronto volver con su familia.
“Voy a regresar bien, ya quiero poder abrazarlos y no estar distanciados”, fue su última promesa que no pudo cumplir.
“LOS CONTAGIOS NO SON NUESTRA RESPONSABILIDAD”
Hugo falleció el 12 de junio y, César, la madrugada del día siguiente, a causa de la mencionada enfermedad.
El jefe de Recursos Humanos, Juan Carlos Millán, y la doctora en jefe, Rubí Ávalos, se deslindaron de su responsabilidad y reprocharon a los empleados que debían cuidarse para no contagiarse, recuerda Andrea.
César usaba careta, cubrebocas, gel antibacterial, atomizador con agua y cloro, alcohol en líquido y demás desinfectantes; sin embargo, compartía cabina y oficina con Hugo, quien era un caso sospechoso de COVID-19.
“Él reportó un caso en su barco y fue ignorado, le decían que no fuera exagerado, que solo era un resfriado común, la persona que empezó con los síntomas dormía en la misma cabina que él y compartían la misma oficina. También pidió un lugar para que aislaran a su compañero y le dijeron que no había cabinas disponibles y que aparte el médico decía que no era necesaria ya que se trataba de un resfriado común”, repudia la mujer, de 32 años.
Su marido había dado la indicación a sus colaboradores de que salieran de cualquier espacio donde Hugo estuviese, pues buscaba protegerlos.
Por orden del administrador, no los quisieron bajar del barco. Incluso, César había advertido que debían aislarlo para frenar los contagios.
“Cuando comenzó la presión de otros empleados, la empresa hizo pruebas de Covid, en los primeros días de junio bajaron a nueve empleados, pero no dieron resultados, pasaron cuatro o cinco días y no hubo resultados. A los que no bajaron les pidieron que se esperaran a revisión en tierra. Había la opción de traerlos en vuelo (helicóptero), pero los administradores no quisieron. César no tenía por qué haber muerto”, increpa Andrea.
CONTRATO CON PEMEX
Ese 12 de junio, Fernández Ramón y otros 60 empleados de Demar abandonaron el barco La Bamba, nombre de una canción del Son Jarocho, considerada un himno popular del estado de Veracruz.
Viajaron seis horas en lancha y varios de ellos llegaron directo al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad del Carmen.
“Una guardia antes de que subiera César ya habían fallecido dos personas de COVID, yo me enteré después, si me hubiera enterado antes, te lo juro que no lo dejo subir. El barco La Bamba ya estaba infectado, sigue infectado”, reprende la viuda.
En una cláusula del contrato entre Demar y Pemex por la prestación del barco, establece la rescisión del mismo en caso de huracán, tormenta tropical o pandemia, así lo explicaron Hugo y César a sus esposas antes de morir.
Platica Andrea que Demar no quiso frenar la producción. Además, intentó ocultar el brote de COVID-19 en sus instalaciones, para que no peligrara su contrato con Pemex.
El jueves 11 de junio, ella viajó del Puerto de Veracruz a Ciudad del Carmen, unos 640 kilómetros, para estar cerca de su marido, durante sus últimas horas de vida.
Las cenizas fueron entregadas a las 4:00 de la tarde del 14 de junio. La viuda emprendió el viaje en una carroza contratada por Demar para que llevara los restos de César a El Jícaro, una congregación del municipio de Tierra Blanca, que colinda con el estado de Oaxaca y está en la región del Papaloapan.
¿CÓMO EXPLICAR LA PÉRDIDA A MIS HIJOS?
En el trayecto, de unas nueve horas, la mujer no dejaba de pensar en el método para explicar a sus hijos que su padre no volverá a casa.
César Fernández cumplió un mes fallecido el pasado martes. Pero la empresa da largas a su esposa para no liberar el seguro de vida. Además, los encargados de Demar han solicitado comprensión a las viudas para pagar 105 mil pesos en un plazo de siete u ocho meses, como parte de la indemnización, pues argumentan que el trámite es tardado.
“El jueves pasado nos hicieron ir a platicar con ellos, hay otra viuda que también es del puerto de Veracruz y fuimos juntas. Nos agendaron por separado, nos dan largas y largas, es desesperante invertir un día entero en viajar y uno más en regresar, poner de tu dinero, dejar encargado a tus hijos, exponerte al COVID-19, para que la empresa no se haga responsable de una negligencia. Nada me va a regresar a César, pero por mis hijos, ahora yo tengo que pelear lo que por ley corresponde”, señala la viuda.
Andrea comenta que la empresa Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo le ha negado el historial clínico y los recibos de nómina desde que su esposo falleció.
“Nos hicieron firmar un poder que les dábamos a ellos para que movieran todo y nosotros no tuviéramos que presentarnos en Ciudad del Carmen”.
César había mencionado a su esposa que su seguro de vida por fallecimiento, debido al riesgo de trabajo, era de 500 mil pesos; sin embargo, la empresa no reconoció esa cantidad.
“Varios compañeros y amigos de él me dijeron que no se me olvidara llevar la carta o documento donde dice que son 500 mil pesos de seguro de vida, al momento de decirle a la abogada Amada Herrera (de la empresa), dijo que no sabía de dónde sacamos esa cantidad, en el papel no dice la cantidad, a lo mejor en el original sí decía la cantidad, porque esta era una copia”, cuenta Andrea.
César era un fanático del extinto equipo de los Tiburones Rojos del Puerto de Veracruz. Antes de trabajar en plataformas, había soñado con ingresar a La Academia, un reality show de TV Azteca para quienes han soñado ser cantantes.
Amaba estar con su familia, aunque debía trabajar amplias jornadas de casi un mes para llevar el sustento a su hogar, siempre estaba pendiente de ellos y los protegía. Incluso, había comprado despensa para tres meses y así evitar que salieran de casa por la pandemia.
Ahora, Andrea, su esposa, está dispuesta a trabajar para mantener a sus tres hijos; sin embargo, por la emergencia sanitaria no ha encontrado empleo, teme también contagiarse del COVID-19 y dejar desamparados a sus pequeños.