Isabel Ortega/AVC
Xalapa
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) determinó que el alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, incurre en violencia política de género en contra de la síndica y la regidora quinta del Cabildo. Por lo anterior, se le pidió a que las dos integrantes puedan realizar sus labores sin acoso, hostigamiento, o amenazas de parte del Presidente Municipal; además, tendrá que brindar atención psicológica y en caso de que se detecte algún daño emocional, por el ambiente hostil, tendrá que pagar el tratamiento médico. Además, deberá permitir que las dos actoras contraten al personal necesario para poder realizar su labor como representantes de los habitantes de Tuxpan. La violencia no sólo la generaba el alcalde, también otros servidores públicos locales. Las dos integrantes del Cabildo presentaron dos juicios ciudadanos 948 y su acumulado 949 de este año, por actos relacionados con la obstrucción al debido desempeño y ejercicio del cargo de las actoras, así como vulneración al derecho de petición. Como parte de las pruebas, se entregó un escrito enviado a la síndica, en donde se le notifica que carece de facultades para girar oficios y pedir informes a cualquier dependencia de ese ayuntamiento, en el mismo se le apercibe para que se abstenga de intervenir en las labores de las direcciones municipales y exigir informes a los diversos funcionarios municipales. En el texto se le amenaza que de no acatar lo establecido, se hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada para Delitos de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz. De la lectura a dicho oficio, se advierte un lenguaje no neutral, mismo que para la ponencia evidencia la intención del Presidente Municipal de inhibir el derecho de petición de la síndica, toda vez que resulta enfática su instrucción para que no gire oficios pidiendo información a los funcionarios municipales. El alcalde despidió y desalojo de personal de las dos ediles, por lo que, en la presente propuesta se ordena al Ayuntamiento dote del personal a dichas actoras para el ejercicio de sus funciones, en los términos que se señalan en el proyecto. Incluso se les negó compensación económica y se ordena al Ayuntamiento proceda a pagar a las actoras por ese concepto, las cantidades que se les adeuda.