Isabel Ortega/AVC
Xalapa
En sólo cinco meses, los habitantes de Actopan han sido gobernados por dos alcaldes de diferentes siglas partidistas, un tercero inició un juicio de protección de derechos para asumir el cargo.
Además, una regidora está encarcelada en el penal de Pacho Viejo, por supuestos actos de corrupción, y otra más demandó, a través de órganos jurisdiccionales, ocupar el cargo de elección popular y asumir la presidencia municipal.
De enero a julio, han sido constantes los juicios y sentencias de órganos jurisdiccionales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien se le ha pedido deliberar si el Congreso local tiene atribuciones para revertir la votación de los habitantes de ese municipio, luego de que el 4 de marzo la mayoría de Morena separó de manera definitiva del cargo a José Paulino Domínguez y Yazmín Palmeros Barradas.
Este 17 de junio se hizo pública una sentencia que se emitió hace tres meses de parte de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien pidió suspender de manera temporal la decisión de la mayoría del Congreso local, que revocó el mandato del alcalde y síndica de Actopan.
El documento generó opiniones de abogados y líderes políticos que piden la restitución de los dos panistas al cargo y hacer valer el voto de los ciudadanos que los eligieron para gobernar el periodo constitucional 2017-2021.
Yazmín Palmeros Barradas fue detenida el pasado 4 de marzo, el mismo día que perdió el fuero que le daba el cargo, y ella promovió una acción de inconstitucionalidad al considerar que la solicitud para revocarle la representación popular, que presentó el fiscal Anticorrupción Alfredo Corona, no tenía fundamento legal.
Alfredo Corona Lizárraga fue nombrado por el Pleno como encargado de despacho en el mes de octubre del 2019, y a pesar de sus “buenos resultados”, pues también logró el desafuero del diputado Erik Aguilar y la detención de Yollí García Álvarez, excomisionada del IVAI, dejó el puesto, y fue nombrado comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI).
LA HISTORIA
Al inicio de este año, el 9 de enero, se informó al Pleno, a través de la correspondencia, de la solicitud formal del entonces encargado de despacho Alfredo Corona Lizárraga, quien pidió revocar el mandato del presidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez y de la Síndica Yazmín Palmeros Barradas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, acusó a los funcionarios de presuntos actos de corrupción.
De inmediato se especuló que el tema estaba relacionado con la supuesta contratación de “aviadores” en el municipio.
La petición se turnó a la Comisión de Gobernación, así como a la de Justicia y Puntos Constitucionales de la 65 legislatura, ambas con mayoría de diputados de Morena.
El grupo de legisladores determinó que era procedente analizar el expediente, pues se reunían los requisitos para revocar el mandato de los panistas.
El expediente del caso se entregó a la Comisión Instructora, que también preside el morenista Víctor Vargas Barrientos, y después de revisar las pruebas que envió la Fiscalía Anticorrupción se determinó que había elementos para separar a los dos panistas del cargo.
El proceso de revocación del mandato se llevó a la par del desafuero del diputado Erik Aguilar, representante del distrito de Misantla, por lo que el tema de los panistas no recibió la misma atención mediática.
Los dos ediles fueron citados a comparecer ante la Comisión Instructora para defenderse de los señalamientos de la Fiscalía.
Con el argumento que no lograron tener acceso al expediente y no tenían cómo presentar una defensa, no llegaron a la reunión. Solo enviaron a sus abogados el 2 de febrero. Ese mismo día José Paulino Domínguez hizo circular un video en el que aseguró que era víctima de persecución política del partido en el poder, y señaló que no sabía por qué era investigado por la Fiscalía.
Para el 4 de marzo, se citó a una sesión extraordinaria en la que se votó la revocación de mandato de los dos representantes del Ayuntamiento de Actopan, con el apoyo del PRI, diputados del PAN, PRD y MC, Morena sumó los 34 votos mínimos para revertir el voto popular. Antes se votó el desafuero de Erik Aguilar, y minutos después rindió protesta su suplente Carlos Manuel Jiménez Díaz, quien avaló la separación de los dos ediles.
Medios reportaron que, antes de que se votara el dictamen de Actopan, que derivó en la pérdida del fuero de los dos funcionarios municipales, ya se había dado la detención de la síndica Yazmín Barradas, quien se encontraba en una plaza comercial en las inmediaciones del Congreso.
Después de la votación del acuerdo de la Comisión Instructora se oficializó la detención y se presentó a la edil ante un juez de control, quien ordenó la privación de la libertad como medida cautelar.
Se le acusó de incumplimiento de un deber legal. Para el 11 de marzo, se informó que José Alfredo López, presidente municipal suplente había presentado su renuncia al cargo.
En medios de comunicación y columnas se afirmó que el panista fue amenazado para no asumir la administración pública municipal.
NUEVOS FUNCIONARIOS
Ese mismo día se informó que Nayeli Toral Ruiz rendiría protesta como síndica. Legalmente ella debía asumir la presidencia municipal por un periodo de 60 días, mas no se le permitió.
El día 13 de marzo, nueve días después de la destitución de los panistas, se informó que por “acuerdo de cabildo”, Eduardo Carranza Barradas asumiría el interinato de la presidencia municipal.
Desde esa fecha se ha mantenido en la silla de la presidencia municipal, a pesar de que se ha intentado removerlo del cargo.
El 17 de marzo, la Suprema Corte ordenó la suspensión temporal de la medida que llevó a la revocación del mandato de los ediles, pero el Congreso no los restituyó en el cargo. Este 18 de junio se descartó que se tenga que regresar al poder a los dos panistas.