Para comprar insumos ante COVID-19.
Isabel Ortega/AVC
Xalapa
Veracruz podrá reprogramar fondos de seguridad para atender la emergencia del COVID-19 y destinarse a la compra de insumos ante la pandemia, de acuerdo con una circular del Gobierno Federal.
El Gobierno Federal informó que el dinero que se ministra a través el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) se podrá redirigir a la compra de equipo y material para elementos de Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales, con la intención de resguardar su integridad ante la pandemia.
Veracruz recibió 255 millones de pesos del FASP y 253 del Fortaseg para el desarrollo policial en los municipios, más 172 millones de pesos del estados y municipios para completar estos recursos, es decir un total de 670 millones de pesos para el tema de seguridad.
El recurso destinado es utilizado para el desarrollo, profesionalización y certificación policial, además de la adquisición de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
Pero ahora, parte del recurso podría ser utilizado para la compra de equipo de protección de COVID-19 (cubrebocas, gel, guantes, googles, equipo de seguridad) , para más de 11 mil 253 policías veracruzanos: 5 mil 543 son estatales, 3 mil 254 municipales, mil 868 ministeriales y 588 de reinsercion.
Mientras que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad revelan que en 2019, Veracruz cerró con mil 358 homicidios dolosos, 157 feminicidios, 298 secuestros y 19 mil 744 robos. En Veracruz se cometen en promedio 234 delitos diarios en agravio de la población y el 15% de los policías aún no han sido certificados, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, el dinero etiquetado para la prevención de delitos y capacitación de esos elementos se destinará a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
POLICÍAS DEBEN CONTAR CON EQUIPAMIENTO INDISPENSABLE
El pasado 9 de abril del 2020, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montano, emitió un comunicado en el que se pide se reoriente el gasto en materia de seguridad, lo que se tendría que destinar para programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, y para financiar exámenes de evaluación de control y confianza para aspirantes y formación inicial, a través de becas para aspirantes, podrán reprogramarlo de manera inmediata.
“Lo anterior con la finalidad de que nuestros elementos policiales cuenten con el equipamiento indispensable que les permita hacer frente a la situación que vive nuestro país, ante la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de 30 de marzo de 2020, por parte del Consejo de Salubridad General”.
Datos publicados en el Diario Oficial de la Federación indican que la tesorería federal destinó 255 millones 850 mil pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para Veracruz, además el Estado tenía que depositar 112 millones 321 mil pesos como aportación.
El dinero que se otorga al Estado se debe usar para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. Y tiene entre sus prioridades: el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
Así como el desarrollo, profesionalización y certificación policial; la adquisición de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios. Además del fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, para consolidar el sistema nacional de información para la seguridad pública.
Y para el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto y la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas. Según la circular que se emitió el pasado 8 de abril el Estado tendrá que suprimir el gasto destinado a la prevención del delito y la capacitación de los elementos locales.