Le amplía medidas hasta por dos años.
Yhadira Paredes
Xalapa
En una acción que ni la defensa de Luis Ángel “N” ni el propio indiciado se esperaban, este viernes en la audiencia de las 9:00 de la mañana en los juzgados de Pacho Viejo, la jueza Mónica Segovia Jácome decidió dejar vigente la medida cautela de arresto domiciliario, a pesar de la resolución de un juez federal de dejarla insubsistente.
La jueza, además de no acatar la determinación del Juzgado Décimo Quinto de Distrito que le ordenaba dejar que el exfiscal siguiera su proceso penal en libertad, se pronunció por una medida más estricta.
El abogado defensor, Arturo Nicolás Baltazar, aseveró que con la jueza, el sistema de justicia se viene abajo por completo: “Se desploma, es inconcebible que teniendo dos resoluciones a favor, una inconformidad y un amparo y los dos vigentes, impone nuevamente medida cautelar de resguardo”.
Y es que la medida de la Jueza Mónica Segovia ahora lleva consigo la incomunicación parcial de Luis Ángel “N”.
Nicolás Baltazar recordó que la jueza fue notificada el jueves de la resolución de la justicia federal y se le advirtió que de incurrir en un incumplimiento podría ser separada del cargo y consignada.
Aseguró que la jueza es incompetente, inepta, corrupta e ilegal al echar abajo el amparo y la protección otorgada por la justicia federal: “Le dijeron a la jueza con manzanitas, con palitos y bolitas, que no puede imponer una medida cautelar y hoy, violando de nueva cuenta la Constitución, la impone”.
Finalmente, sostuvo que igual que el fiscal separado de su cargo, Jorge Winckler Ortiz, la jueza Mónica Segovia terminará en prisión.
TAMBIÉN EN ARRESTO EXFUNCIONARIAS
Quienes corrieron la misma suerte que su exjefe fueron la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, Rosario “N” y la exdelegada de la Policía Ministerial en Xalapa, Carlota “N”, pues la jueza de control, Mónica Segovia, también les mantuvo el arresto domiciliario y descartó la resolución federal que les permitía seguir su proceso en libertad.
En la audiencia de este viernes, donde ambas ya se veían en libertad y sin vigilancia de la policía ministerial en sus casas, la jueza decidió dejarlas cada quien en su domicilio y no concederles el cambio de medida cautelar.
A su salida, saludaron a los representantes de los medios de comunicación y confirmaron lo ocurrido en la sala de juicios orales.
La jueza, contrario a notificar la resolución del juicio de amparo 536/2109 que les fue concedido por un juez de Distrito Federal, se limitó a señalar que debían seguir siendo vigiladas por policías ministeriales.
Las exfuncionarias de la Fiscalía General del Estado están acusadas del delito de desaparición forzada en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar que los responsables eludieran la justicia, además de ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos localizados en la zona conocida como Barranca La Aurora, atrás de las instalaciones de la Academia de Policía.