Yunistas no pudieron acreditar obtención de 300 mdp.
FLAVIA MORALES/AVC
XALAPA
La mayor parte de los bienes recuperados por el exgobernador Miguel ángel Yunes Linares se ganaron a través de convenios de donación entre julio y noviembre del 2016, es decir, cuando era gobernador electo, pero aún no tomaba protesta como gobernador constitucional, por lo que se desconocen los términos de negociación.
El 1 de diciembre, cuando fue nombrado gobernador, anunciaba la recuperación de mil 250 millones de pesos en bienes. La cifra al final de su gobierno llegaría a mil 522 millones de pesos de bienes recuperados a funcionarios DUARTISTAS y prestanombres.
Pero, la auditoría de legalidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) 2018, al Fideicomiso de Recuperación de Bienes del Estado (Fobire), revela que hay serias irregularidades en la recuperación de 15 propiedades con valor de 250 millones de pesos y 40 millones de pesos en efectivo, pues se desconoce el origen legal de los recursos.
Aunque los bienes se recuperaron en 2016, fue hasta junio y julio del 2018, cuando se hicieron acuerdos de donación y se inscribieron al Registro Público de la propiedad el estado.
Al instalar el comité ciudadano de entrega-recepción de la administración yunista, se informó que se recuperaron 25 bienes inmuebles con un valor de 617.5 millones de pesos; sin embargo, más de la mitad no ha podido acreditar su origen legal y otros no forman parte del patrimonio del Gobierno del Estado.
El gobierno de Cuitláhuac García ha informado que desconoce la situación actual, o el destino de un helicóptero y un avión con valor de 39.8 millones de pesos y que 16 obras de arte aseguradas con valor de 28.8 millones de pesos no pueden considerarse como recuperación, pues fueron abandonadas en una bodega.
También desconoce el status legal de la confiscación de cuatro departamentos de lujo en la Torre Pelicanos del Puerto de Veracruz.
En su momento, el exgobernador Yunes Linares informó que se recuperaron 798 millones de pesos de dinero en efectivo que fue entregado a las cuentas de la Secretaría de Finanzas, 39.8 millones de pesos en bienes muebles, 28.8 millones de pesos en obras de artes recuperadas y 37.8 millones de pesos en bienes en el extranjero.
La auditoría revela que el gobierno de Yunes incumplió el decreto emitido el 11 de enero del 2017 para la entrega de bienes recuperados.
El acuerdo señalaba que los recursos excedentes de la recuperación de bienes deberían ingresarse a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y se destinarán a los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales que se consideren necesarios, preferentemente, a los relacionados con la reactivación del sector salud, mediante la adquisición de medicamentos, equipamiento e infraestructura.
El segundo acuerdo era que debería registrar los recursos excedentes y publicar en la Gaceta Oficial los bienes. Otro acuerdo era que constituiría un Comité de Vigilancia para informar sobre la recuperación de bienes.
Pero la administración yunista argumentó que como los bienes inmuebles no representan excedentes (pues no son dinero líquido), no estaban obligados a cumplir con la reglamentación que ellos mismos impusieron.
En total se determinaron cinco observaciones, de las cuales cuatr no fueron solventadas. La auditoría concluyó que no se proporcionaron datos suficientes para acreditar la legalidad de 40 millones de pesos en efectivo que se entregaron a cuentas del Gobierno del Estado en tres depósitos el 29 de diciembre del 2017.
Al menos 17 de los 25 bienes muebles e inmuebles fueron obtenidos a través de donaciones, lo que no se ajusta a la normatividad aplicable para que puedan ser recursos excedentes.
La auditoría también señala que desconoce el status que guardan cuatro departamentos en la Torre Pelícanos, que están bajo una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República que representan 40 millones de pesos.
Otra de las observaciones de la auditoría es que en la Gaceta Oficial no hay información sobre la donación de bienes recuperados y no se presenta informe sobre la sobre la aplicación de los recursos excedentes, ante un comité de vigilancia.
En marzo del 2019 se solicitó a la Contraloría General proporcionar los informes de aplicación de recursos, y la dependencia informó que no encontró documentación al respecto.
ILEGALIDAD EN LA DONACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Luego de que la Fiscalía General del Estado girara orden de aprehensión en contra cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas, por recibir recursos en efectivo sin justificar cuál era el origen, el exgobernador Yunes advirtió que habrá más denuncias en contra de exfuncionarios, ahora por extorsión durante la recuperación de bienes.
Pero lo cierto es que la auditoría de legalidad al Fideicomiso revela que los recursos recuperados no pueden justificar un origen legal. En su mayor parte fueron “donaciones” de personas físicas, o morales a un donatario del Gobierno del Estado, sin especificar el motivo de la donación.
En la auditoría se revela que cuatro lotes del fraccionamiento residencial Del Lago, con valor de 18 millones de pesos, fueron donados por una persona moral el 30 de noviembre del 2016, a un “gestor oficioso del Gobierno del Estado”, sin especificar motivo.
Cuatro lotes en el fraccionamiento Monte Magno en Xalapa con valor de 2.1 millones de pesos, fueron donados el 30 de noviembre del 2016, bajo los mismos términos.
De igual forma, cuatro lotes en el fraccionamiento Punta Tiburón en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo, con valor de 16.7 millones de pesos fueron donados el 30 de noviembre del 2016, bajo la misma figura, sin estar apegados al decreto del 11 de enero del 2017.
Estas ocho propiedades fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Veracruz entre el junio y julio del 2018, apenas unos días antes de la elección a gobernador del 2018.
El lote de terreno ubicado en la avenida Valentín Gómez Farías de la Colonia Flores Magón en Ciudad de Veracruz, compuesto por un edificio de tres niveles llamada Torre Alfa con valor de 14.4 millones de pesos, fue donado por tres personas físicas y morales.
La donación se hizo a favor de Bernardo Segura Molina, entonces subsecretario de Finanzas y Administración –hoy preso por ejercicio indebido de la función pública– y el entonces director de Patrimonio. El contrato de donación se hizo el 1 de junio del 2018 y el registro ante Patrimonio estatal el 20 de junio del 2018.
También se señala al inmueble conocido como Rancho La Cartuja, valuado en 125 millones de pesos, el cual era propiedad de familiares cercanos del exsecretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez. El contrato de donación fue realizado el 27 de abril del 2018.
Se menciona un lote de terreno en avenida Araucarias en Xalapa, con valor estimado en dos millones de pesos, el cual fue registrado a nombre del Gobierno del Estado el 19 de junio del 2018. El contrato formal de donación se hizo el 1 de junio, es decir, 18 días después.
En estas propiedades, los auditores no encontraron elementos que permitan conocer los motivos por los cuales las personas físicas y morales decidieron otorgar en donación los aludidos bienes inmuebles al Gobierno del Estado, tampoco se pudo identificar que los bienes inmuebles eran obtenidos en carácter de “recuperación de bienes”.
SE DESCONOCE STATUS DE CUATRO DEPARTAMENTOS DECOMISADOS EN TORRE PELÍCANO
El actual director general de Patrimonio del Gobierno del Estado, Belisario Reyes Herrera, informó a los auditores que desconoce el estado que guardan cuatro departamentos de lujo recuperados en Torre Pelícano.
En abril del 2018, la entonces Procuraduría General de la República recuperó tres departamentos de lujo en la Torre Pelícano frente al Bulevar Ruiz Cortines en Veracruz.
Los tres departamentos estaban escriturados a nombre de Mónica Ghilhan Macías, prima de Karime Macías de Duarte.
Un tercer departamento fue recuperado por la Fiscalía General del estado en junio de ese año, estaba a nombre de José Armando Rodríguez Concuño de Javier Duarte.
En este entonces, se dijo que los departamentos de lujo tenían un costo aproximado de 10 millones de pesos cada uno.
Durante la tercera sesión del comité ciudadano de entrega-recepción que conformó el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares en sesión del 10 de octubre del 2018, explicó que los departamentos estaban bajo la custodia del gobierno del estado.
Sin embargo, actualmente se desconoce la custodia de esos bienes.
EL AVIÓN Y HELICÓPTERO DEVUELTOS POR ESPINOSO
El Gobierno del Estado ha informado también que desconoce la situación actual, o el destino de un helicóptero y un avión, así como 16 obras de arte con valor global de 68 millones de pesos.
En agosto del 2017, en conferencia de prensa, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que el exdiputado federal del PRI-PVEM y ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, Edgar Spinoso Carrera, devolvió bienes al Gobierno de Veracruz como un helicóptero y un avión
También dijo que se comprometió a regresar otros recursos más, pero incumplió, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) elaboraba una carpeta de investigación en su contra, informó entonces Yunes Linares.
En conferencia de prensa celebrada en el área de Comunicación Social de Palacio de Gobierno, refirió que se entrevistó con Spinoso Carrera y grabó esta conversación, con el propósito de entregarla a la PGR como evidencia.
“Entre los videos entregados se encuentra también una conversación con el diputado Edgar Spinoso, quien reconoce haber participado en todo este proceso y se comprometió en esa conversación a devolver los recursos que indebidamente se llevó de las arcas públicas de los veracruzanos. Cumplió parcialmente con este compromiso” dijo.
Se trata de un helicóptero Robinson 66 con valor comercial de 27.8 millones de pesos y un avión Lear Jet 45XR con valor de 11.6 millones de pesos que fueron donados a través de Transportes Ejecutivos Piza S de RL de CV.
Yunes dijo en su momento que ambos estaban en el hangar del Gobierno del Estado.
LAS OBRAS DE ARTE POR 28.8 MDP NO SON BIENES RECUPERADOS
La auditoría del Orfis reveló que solicitó a la directora del Instituto Veracruzano de Cultura información con fecha 14 de junio del 2019, sobre el estatus de 14 obras de arte aseguradas.
La investigación de los auditores señala que las obras están bajo resguardo de la Pinacoteca Diego Rivera y aunque fueron incautadas y están bajo la carpeta de investigación 61/2016, no se demuestra que son parte de la recuperación de bienes, pues fueron abandonadas en una bodega, como señala una resolución judicial del 13 de abril del 2018.
Además se determinó que a la fecha la Fiscalía General del Estado no ha determinado nada en concreto respecto a la custodia de los bienes a favor de ninguna dependencia del estado.
Aunque la recuperación de obras de arte de artistas como Botero, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Leonora Carrington fueron anunciadas en julio del 2018, exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas revelaron que no tuvieron conocimiento de ellas hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, el último día de gobierno de Yunes Linares.
Durante la tercera sesión del comité ciudadano, dos meses antes de terminar su gobierno, Yunes reconoció: “Ha sido difícil llegar a un concesión del valor, hay algunas que no tienen certificado de autenticidad es un tema complejo”.
LAS CASAS DE XÓCHITL TRESS RODRÍGUEZ
El exgobernador Yunes dijo que de los 25 bienes recuperados, solo dos casas que pertenecían a la exdirectora de Espacios Educativos, Xóchitl Tress Rodríguez, las cuales fueron recuperadas bajo un mandamiento judicial.
Se trata de dos casas en el fraccionamiento Costa de oro con valor comercial de cinco millones de pesos.
Cabe recordar que un juez autorizó canjear la pena de tres años de prisión que le había impuesto a la excolaboradora de Javier Duarte por una multa de aproximadamente 40 mil pesos y le suspendió sus derechos políticos por los próximos tres años.
Ademas, Tress Rodríguez aceptó entregar definitivamente sus bienes, como reparación del daño y colaborar con las autoridades de Veracruz y las federales en el caso por desvío de recursos y lavado de dinero en contra del exgobernador Javier Duarte.
EX FUNCIONARIOS SE DEFIENDEN: NO TENEMOS FACULTADES PARA INVESTIGAR ORIGEN DE BIENES
Ante las observaciones de la Auditoría, el exsecretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, informó en diversos oficios que la Secretaría de Finanzas no estaba facultada para investigar el origen de los bienes inmuebles que se ponen a disposición por los diferentes órganos gubernamentales, pues la obligación es ingresarlos al patrimonio del estado.
“Lo que realmente importa es que el erario de estado tuvo ingresos líquidos y materiales con los que no contaba dentro del presupuesto original del ejercicio fiscal”.
LOS BIENES RECUPERADOS EN EFECTIVO
El exgobernador informó que con fecha 29 de noviembre del 2016 se recuperaron 250 millones de pesos a través de un cheque entregado por la Procuraduría General de la República, que fueron depositados a cuentas del Gobierno del Estado.
El 9 de enero se hicieron dos depósitos más de cheques del banco Inbursa por 172 millones de pesos.
El 16 de febrero del 2017, el Gobierno del Estado recibió dos transferencias más por 300 millones de pesos en efectivo.
Estos depósitos que suman más de 722 millones de pesos no fueron observados en la auditoría de legalidad del Orfis.
Sin embargo, tres depósitos realizados el 29 de diciembre del 2017, desde banco Santander por 40 millones de pesos, sí fueron observados al no acreditar su origen.
De acuerdo con lo informado por el gobierno de Yunes Linares, de los 762.4 millones de pesos en efectivo recuperados, se destinaron 307 millones de pesos para obras de la Secretaría de Salud y 489 millones de pesos fueron para la Secretaría de Seguridad Pública, quedando un remanente de 390 mil pesos del efectivo.
En una carta distribuida por Yunes Linares, luego de la orden de aprehensión contra cuatro exfuncionarios de Finanzas, entre ellos la exsecretaria, Clementina Guerrero, señaló que la acusación está sustentada en que funcionarios depositaron en una cuenta de banco del gobierno del estado 250 millones de pesos, sin acreditar su origen legal.
Además de no destinar todos los bienes y recursos recuperados al sector salud, sino solo 281 millones de pesos.
RANCHO LAS MESAS EN VALLE DE BRAVO NO PUEDE SER UTILIZADO
El rancho de 92 hectáreas ubicado en Valle de Bravo fue confiscado por la Procuraduría General de la República en octubre del 2016.
De acuerdo con la PGR, el rancho fue adquirido y construido con recursos públicos desviados de las secretarías de Educación y Salud mediante operaciones bancarias realizadas a través de empresas fantasma.
El rancho es propiedad de Moisés Mansur en copropiedad con José Juan Jainero Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, identificados como prestanombres del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.
En abril de este año un tribunal federal frenó la posibilidad de que Moisés Mansur recuperara el rancho a través de un amparo federal.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó la suspensión definitiva a favor de Mansur, pero únicamente para que la Fiscalía General de la República (FGR) no disponga del inmueble, no lo enajene a un tercero o no lo remate.
La resolución del colegiado, emitida el pasado 12 de abril, derivó del juicio de amparo en el que Mansur Cysneiros impugnó la sentencia emitida el 26 de septiembre de 2018 dictada contra Javier Duarte de Ochoa, en la que se ordenó el decomiso de 33% del rancho Las Mesas.
Yunes informó que el Gobierno del Estado era dueño solo de 86 hectáreas del rancho valuadas en 139 millones de pesos.
NADIE SABE DE LOS BIENES EN WOODLANDS
En junio del 2018, en una transmisión en vivo, el exgobernador anunció la recuperación de una casa en el fraccionamiento Woodlands en Texas, propiedad del exsecretario de seguridad, Arturo Bermúdez.
Más tarde explicaría que los bienes confiscados eran un local comercial en Kuykendahl, Houston, Texas con valor de 19.9 millones de pesos y una casa habitación resort en Woodlands con valor de 17.9 millones de pesos; juntos suman 37.8 millones de pesos.
En esa ocasión explicó que estaban escriturados a favor del Gobierno y solo faltaba levantar una inscripción del abogado Tony Buzbee, quien previamente había demandado judicialmente.
“Le dimos la instrucción que retire la demanda para proceder con la inscripción de los bienes y escriturar a favor de Gobierno, aunque los dos está en posesión nuestra”.
En ese entonces prometió que vendería las casas y que lo recaudado se destinaría a la continuación del hospital de Nautla y Perote, abandonados hace diez años.
Sin embargo, a la fecha se desconoce la ubicación o status de las propiedades.
