Bernardo Segura Molina fue acusado de corrupción y abuso de autoridad.
La denuncia fue interpuesta el 2 de octubre por el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos ante la FGE.
Leticia Rosado
Xalapa, Ver.
La mañana de este viernes fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) Bernardo Segura Molina, exfuncionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con fuentes oficiales, la orden de aprehensión refiere que la detención se dio por presuntos actos de corrupción, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad del ahora detenido cuando fungía como subsecretario de Finanzas y Administración.
En la orden de aprehensión girada por la FGE también se mencionan los nombres de Adrián Viccon Bastó, Luis Francisco Virues Hernández y también la ahora tesorera del ayuntamiento de Xalapa, Clementina Guerrero.
Según la orden de aprehensión, los antes mencionados fueron señalados por el ejercicio indebido del servicio y hechos de corrupción.
La intervención se dio a las 8:50 de la mañana de este viernes y de inmediato el exfuncionario yunista fue trasladado a Pacho Viejo, en donde desde las 11:30 de la mañana se encuentra declarando en audiencia.
Como se recordará, Adrián Viccon Basto fungió como Tesorero en la Sefiplan, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y Clementina Guerrero García, fue la primera titular de la Secretaría de Finanzas durante el bienio del panista, en tanto Luis Francisco Virues Hernández fungía como ex subdirector de operación financiera.
De acuerdo con el expediente, la orden de aprehensión (de la cual tenemos copia), fue girada luego de una denuncia con fecha del 2 de octubre del año 2019 presentada por Roberto Ramos Alor, director general del Organismo Público Descentralizado o Servicios de Salud de Veracruz.
Se detalla que el 11 de enero de 2017 se creó un acuerdo por el cual los recursos excedentes que se obtuvieran con motivo de la recuperación de bienes de exfuncionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa serían en beneficio del Gobierno del Estado y que deberían de ser ingresados a través de la Sefiplan y se destinarían a los programas presupuestales y actividades institucionales que se consideraban necesarios, preferentemente a los relacionados con la reactivación del sector salud mediante la adquisición de medicamentos, equipamiento e infraestructura y tal y como se dio a conocer en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número 29.
Para este fin se abrió una cuenta ante Banamex, ahí se aseguraba que habían sido entregados por la (PGR), ahora Fiscalía General de la República al gobierno de Veracruz, en la era yunista, 250 millones de pesos, los cuales supuestamente formaban parte del desvío de recursos realizados por el exgobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa.
En la Gaceta Oficial antes mencionada se establece que la Secretaría de Salud gozaría mayormente de la disposición del recurso obtenido de los bienes recuperados por el gobierno del Estado a través de Sefiplan.
En la GOE se citó que era prioridad del gobierno de Yunes Linares priorizar el derecho a la salud de los veracruzanos para alcanzar una vida digna, “pero existió una gran contradicción toda vez que dicho fondo los recursos obtenidos a través de los bienes recuperados en su mayoría fueron destinados a otras necesidades que inexplicablemente no corresponden al ramo de salud”.
ESTADO RESPETA PROCESOS
Los procedimientos de denuncia penal promovidos por esta administración siguen su curso sin afán de persecución contra nadie y apegados a la ley.
Tanto fiscalías como el sistema judicial deberán ser garantes del respeto y la observancia de los derechos de quienes resulten señalados y la presunción de inocencia deberá ser guía en el proceso actual de algunos exfuncionarios.
La presente administración no caerá en declaraciones mediáticas ni dichos que lastimen dicha presunción.
El titular del Poder Ejecutivo se abstendrá de emitir opinión sobre el procedimiento judicial que se lleva a cabo en contra de exfuncionarios para evitar el “linchamiento” mediático de quienes son ahora presuntos responsables y no delincuentes.