SSP, en tiempos de Téllez Marié, presionó a estatales para inculparlos en hechos.
Rafael Meléndez Terán
Xalapa
Los nueve policías municipales de Naolinco presuntamente acusados de haber cometido el delito de secuestro agravado lograron obtener su libertad este miércoles después de permanecer un año y seis meses en prisión en el penal de Pacho Viejo.
La declaración de una persona que había sido secuestrada en un evento distinto y quien confirmó que fue obligada -en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y estando al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz- a inculparlos, fue el detonante para que un juez de control determinara otorgar su libertad a estos elementos.
El abogado defensor, Arturo Salazar, confirmó que en la audiencia de este día, la Fiscalía veracruzana tampoco pudo acreditar sus participaciones en este hecho, por lo que en unos minutos más los gendarmes abandonarán el reclusorio de Pacho Viejo.
El litigante catalogó este hecho como una gran victoria, sobre todo cuando fueron incriminados por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Detalló que gracias a un amparo 445/2018, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en esta capital, un juez federal ordenó que la autoridad jurisdiccional a que tomara en cuenta la declaración de la persona presionada para culpar a los uniformados.
De tal forma que se ordenó reponer el procedimiento hasta la audiencia de control de la detención.
Aunque acotó que se puede girar de nueva cuenta una orden de aprehensión, descartó que esto pudiera ocurrir, dado que es un hecho que son inocentes de los hechos que se les están imputando.
Es decir, la Fiscalía puede ejercer acción penal en contra de ellos, si recaba datos que los incrimine en algo puede solicitar que se ejerza acción penal en contra de ellos, de lo contrario no podrá hacerlo.
Expuso que la Fiscalía no pudo cuadrar la hipótesis del secuestro, aunado a que uno de los supuestos secuestradores fue privado de su libertad mucho antes de que ocurrieran estos hechos.
“De ahí pudimos solicitar la libertad de los policías”, detalló.
Con respecto de la versión de que el fiscal Jorge Winckler fabricó pruebas para encarcelar a estos policías, expuso que esto es un tema político, “de eso no sé”, detalló, por lo que se limitó a establecer los elementos jurídicos de los cuales derivó la salida de los gendarmes, presos desde hace un año y medio en el penal de Coatepec.
Los policías municipales no quedaron inhabilitados para ejercer labor en la función pública, recalcó.