Yunes no pudo justificar la causa de lo donado.
ISABEL ORTEGA/AVC
XALAPA
El órgano de Fiscalización Superior del Estado puso en duda la recuperación de bienes, propiedad de expriistas, que el exgobernador Miguel Ángel Yunes presumió como uno de los principales logros de su bienio, al hacer justicia a los veracruzanos tras el saqueo de las arcas públicas.
La auditoría de legalidad que se aplicó al Fondo de Bienes Recuperados, que se creó para administrar los recursos tras algunos decomisos, evidenció que los funcionarios públicos no lograron acreditar el origen de los recursos y los bienes obtenidos. Muchos de ellos fueron registrados ante la Dirección de Patrimonio del Estado, en los meses de junio y julio, cuando el PAN perdió la gubernatura. El Orfis emitió un total de cinco observaciones, de las cuales solo una fue parcialmente solventada, por lo que recomendó substanciar los procedimientos para poder fincar responsabilidad a exfuncionarios yunistas que participaron de la supuesta recuperación. La primera observación LP-017/2018/001, está relacionada con la apertura de la cuenta bancaria 3071751, de Banamex, S.A., sucursal “URBAN CENTER”.
La Secretaría de Finanzas y Planeación hizo tres depósitos por: 4, 33 y 36 millones de pesos (73 mdp en total), sin embargo, no se logró acreditar el origen de los recursos públicos. Tras requerir a varios funcionarios de Sefiplan se determinó que el “Gobierno del Estado de Veracruz” no justificó ni la forma o los medios legales, a través de los cuales, fueron obtenidos los fondos, para considerarlos como recursos excedentes obtenidos con motivo de la recuperación de bienes. La otra irregularidad que se detectó es que no se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el registro del efectivo, es decir, se reportaron como parte de bienes recuperado, pero no se formalizó el ingreso. La observación LP-017/2018/002: involucra cuatro lotes localizados en la Calle Lagunas de Monte Bello, del Fraccionamiento “Residencial del Lago”; cuatro más localizados en Monte Magno Residencial y uno en calle Asentamientos Humanos del municipio de Xalapa; cuatro terrenos en “Punta Tiburón Residencial Marina & Golf”, en Alvarado; la Torre Pelicanos, en Veracruz; el Racho la Cartuja, ubicado en Naolinco.
En esos casos, se formalizó la donación en los meses de junio y julio del 2018, a pesar de que se reportaron como recuperados desde diciembre del 2016. En todos los casos, los predios fueron donados, pero no se justificó la causa, personas físicas entregaron los bienes a un gestor del gobierno yunista.
“Sin señalarse los motivos y los fundamentos legales, por los cuales, se llevaba a cabo dicho acto jurídico ante una persona física, a quien se le reconoció su calidad de “Gestor Oficioso del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, detalla el informe especial. La observación LP-017/2018/003, se refiere a la recuperación del helicóptero Robinson 66 y el avión Lear Jet 45 XR valuados en 39 millones de pesos y 16 obras de “Fernando Botero, de Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros” con un avalúo de 29 millones de pesos. En el caso de las aeronaves no se comprobó cómo fueron obtenidos, para ser considerados como recursos excedentes del Estado. Las obras incautadas se recuperaron como parte de la investigación 61/2016 y fueron entregadas en comodato al Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en noviembre del 2018; las pinturas no fueron reportadas a la Sefiplan, y se desconoce si son propiedad del Estado o pueden ser reportadas como “bienes recuperados”, sumado a que no hay garantía de su autenticidad. El 20 de febrero se anunció que el Gobierno había localizado una bodega en la colonia Paraíso, en el municipio de Córdoba, en la que se encontraron los polémicos diarios de la expresidenta del DIF Estatal, Karime Macías, en las que decretaba que merecía abundancia. Para poder recuperar ese bien el Gobierno, en contubernio con el Poder Judicial logró una declaratoria de abandono de parte del Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Zona Centro, con sede en la Ciudad de Córdoba, dos meses después de que se publicó el hallazgo. Por lo anterior, el Orfis pidió determinar por parte de la autoridad investigadora de este Órgano de Fiscalización Superior, mediante el procedimiento para promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, si existen irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de los servidores públicos o particulares, relacionados con los actos jurídicos que fueron materia de la revisión.