Ciudad de México. Desde octubre del año 2015 se denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), irregularidades en un total de 620 empresas, que supuestamente ofertaron bienes y servicios al gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa.
Fue el ex Contralor General del Estado de Veracruz, Iván López Fernández, actual aspirante a dirigir la ASF, quien presentó la denuncia ciudadana –con sello de recibido en la Secretaría Técnica el 20 de octubre del 2015- con una lista completa de las compañías con anomalías que facturaron casi 800 millones de pesos.
Además, los documentos de dicha denuncia fueron reportados el pasado 28 de noviembre al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Luis Maldonado Venegas, ello como parte del proceso de designación del nuevo auditor general.
"A la fecha no tengo procesos legales en mi contra, ni he sido sentenciado por ninguna de las aclaraciones que me han solicitado, tanto la PGR como la Fiscalía General del Estado", defendió en dicha carta el ex contralor su derecho a registrarse y aspirar a la ASF.
El ex funcionario, quien ocupó la Contraloría de diciembre del 2010 a octubre del 2013, aseguró a los legisladores federales que no se encuentra inhabilitado, que no es funcionario, ni servidor público y que mucho menos pertenece a partido político alguno.
--La denuncia a ASF
De acuerdo con un documento en poder de EL UNIVERSAL, el ex contralor de Veracruz notificó en 2015 al Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, diversas irregularidades en el gobierno de Javier Duarte, hoy preso acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.
En la denuncia reportó que el Gobierno Estatal no había efectuado las retenciones que correspondían al Impuesto Sobre la Renta de sus trabajadores, lo que constituiría el delito de defraudación fiscal.
En otro apartado describió que existían evidencias de adquisiciones y servicios recibidos por el Gobierno del Estado en donde los prestadores de servicios no acularon a sus ingresos el monto de los pagos recibidos por diversas dependencias e instituciones.
Con la lista completa de empresas con irregularidades, algunas de ellas fantasmas, el ex servidor público denunció -sin tener respuesta de la ASF- que había simulación tributaria, operaciones inexistentes, omisión de ingresos, alteración de precios y servicios, y delitos fiscales.
En el informe incluyó el nombre de las 620 empresas, sus Registros Federales de Contribuyentes, sus direcciones fiscales y los montos que facturaron a nombre de dependencias del gobierno duartista.
Ante la andanada de críticas en su contra por haberse registrado como aspirante a dirigir la ASF, López Fernández envío al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Luis Maldonado Venegas, donde le reportó las denuncias que había hecho previamente.
"No soy funcionario ni servidor púbico, no milito en ningún partido, no tengo fuero de ningún tipo y no tengo amparos a mi favor por ningún motivo", aseguró.
De acuerdo con la Ley, la Contraloría General del Estado no tenía la facultad legal para denunciar penalmente anomalías y sólo contaba con la facultad de iniciar y culminar procedimientos administrativos por el uso incorrecto de recursos estatales y federales, de los cuales durante su periodo inició más de 500.
Fuente: El Universal