Juan David Castilla. Xalapa, Ver. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) es la dependencia que más ha violentado los derechos humanos durante este gobierno yunista.
El Sistema Estatal de Indicadores de Violaciones a Derechos Humanos en Veracruz (SEIVDDHHVER), revela que se cometieron 51 violaciones a los derechos humanos en el Sector Educativo, sólo durante los dos primeros trimestres del año.
La SEV está a cargo del exdirector general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Pérez Rodríguez, quien es señalado como el presunto responsable del primer escape del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán de Puente Grande, Jalisco, en 2001.
De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el mayor número de casos se registró en el puerto de Veracruz y Xalapa, con 11 y nueve violaciones a los derechos humanos, respectivamente.
En Córdoba se contabilizaron cuatro y en Pánuco cinco; dos en Tecolutla, Papantla y Coatzacoalcos y por lo menos una en Tantoyuca, Citlaltépec, Álamo Temapache, Tlachichilco, Cosoleacaque, Filomeno Mata, Nautla, Jilotepec, Medellin, Huatusco, Fortin, Orizaba, Acultzingo, Tierra Blanca, Juan Rodríguez Clara y Acayucan.
Dicha situación ha afectado sobre todo da niñas, niños y adolescentes de diferentes escuelas y niveles educativos.
Durante el año se han documentado manifestaciones y plantones por omisiones de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Tanto Enrique Pérez como el oficial mayor de la SEV, Abel Cuevas Melo, han destacado por su negativa a solucionar problemas y atender las demandas de la población.
VIOLENCIA Y DESCUIDO
Y es que han ocurrido accidentes graves en escuelas por descuido de los docentes o abusos por parte de ellos mismos.
En el puerto de Veracruz existió un caso polémico. Un niño con paraparesia espástica resultó gravemente lesionado.
Se trata de un trastorno hereditario poco habitual que causa debilidad progresiva con espasmos musculares en las piernas (debilidad espástica).
El menor se encontraba en la clase de Educación Física en la Escuela Primaria “José Rodríguez Clavería”. Cursaba el quinto grado, en el turno matutino.
Su profesor lo dejó unos minutos en el patio central del inmueble, mientras degustaba su café y se preparaba para desayunar.
Al niño se le desprendió la rótula de la rodilla, pues un compañero de clase lo agredió a patadas por no prestarle un balón.
El profesor no se encontraba en el lugar y, cuando se percató de lo ocurrido, se deslindó de brindar la atención oportuna al alumno.
Lo dejó tirado en el piso. Por la gravedad de la lesión, prefirió llamar a sus padres o tutores. Los directivos del plantel y el docente se deslindaron de cualquier omisión en sus funciones.
Sin embargo, el incidente y la violación a los derechos del menor quedaron asentados en la recomendación 08/2017 de la CEDH.
PORNOGRAFÍA INFANTIL
En Xalapa se han registrado casos más polémicos y alarmantes por tratarse de una agresión sexual.
También han ocurrido por omisiones de la Secretaria de Educación de Veracruz y los encargados de la misma.
Alumnas del segundo grado de una secundaria fueron intimidadas física y psicológicamente por su profesor de inglés.
El sujeto se pasó por el arco del triunfo sus principios, su ética profesional y actuó de manera impropia.
El docente pedía fotografías con o sin ropa a las menores, realizando posiciones sexuales.
Las controlaba a través de mensajes de whatsapp o publicaciones en redes sociales, sobre todo Facebook.
Una de las agraviadas resultó con un daño psicológico grave, lo que afectó notoriamente su vida.
El trastorno depresivo mayor ocasionó que la menor lastimara su cuerpo con objetos punzocortantes.
DESACATO
La SEV también fue señalada por presuntamente desacatar la recomendación 04/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en defensa del personal administrativo de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV).
La dependencia debía reconocer la antigüedad laboral, otorgar lo que trabajadores gastaron en medicamentos por falta de seguridad social y basificarlos.
El personal administrativo presentó una demanda laboral contra la Secretaría de Educación de Veracruz en 2006, registrada con el número CI/RQD/1883/2016.
Los inconformes se han topado con anomalías desde que procedieron legalmente; sin embargo, todavía están vigentes cuatro oficios: SEV/DJ/DLyC/1271/2015, SEV/DJ/DLyC/1624/2015, SEV/DJ/DLyC/2603/2015 y SEV/DJ/DC/4806/2015.
Se presume que el titular de la SEV había girado instrucciones para que fueran atendidas las demandas de los trabajadores de la UPV.
"Pero no han hecho ninguna solución favorable a lo que marca el laudo, el cual es para que nos den seguridad social, nos del base, se reconozco la antigüedad y muchos puntos más", expresaron los afectados.
María de Jesús Bonilla Cano, Mayeli Quiróz Solis, Hugo Armando Hernández Sánchez, Sara Eugenia Melo Borbonio y Valentín Córdoba Reyes, fueron despedidos en 2006. Ganaron un laudo y fueron reinstalados en 2009. La SEV se comprometió a respetar sus derechos laborales, pero no fue así.
También integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) denunciaron que durante este año continuó la represión por parte de las autoridades, quienes se negaban a liberar los salarios retenidos de seis maestros que no presentaron la Evaluación Docente.
Los profesores, también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tomaron varias veces las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Los afectados no habían cobrado su salario desde hace 14 meses y, a su juicio, la autoridad estaba incumplimiento sus obligaciones.
"Tenemos tiempo entrando a mesas de diálogo, con la SEV y el gobierno estatal y hasta ahorita no hay solución a los problemas, siempre hemos estado viniendo, ya se dejó una minuta y no hay solución. Tenemos un problema muy grave, seis compañeros tienen retención de pago desde hace un año y dos meses", apuntaron.
FGE, SEGUNDA MÁS INFRACTORA
Sólo en Xalapa personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) incurrió en 18 violaciones a los derechos humanos.
Citada autoridad violentó 19 municipios con 50 violaciones a derechos humanos. La mayoría de las omisiones por incumplir labores de búsqueda de personas desaparecidas o incorrecto cumplimiento de los responsables de ello.
También hay quejas en Veracruz, Papantla, Córdoba, Chicontepec, Tuxpan, Pánuco, Tihuatlán, Poza Rica, Orizaba, Juan Rodríguez Clara, Las Choapas, Tantoyuca, Ilamatlán, Mecatlán, Chiconquiaco, Atoyac, Coatepec y Amatlán de los Reyes.
La dependencia es presidida por Jorge Winckler Ortiz, abogado particular de la Familia Yunes Márquez y de la diputada local María Josefina Gamboa Torales.
El funcionario se salvó de comparecer ante el pleno del Congreso de Veracruz por el levantón del joven con iniciales DJRZ en una gasolinera de Córdoba o las omisiones por la investigación de la desaparición y supuesto hallazgo de la joven Gemma Mávil, en el panteón Palo Verde de Xalapa.