Juan David Castilla. Xalapa, ver. La Fiscalía General del Estado (FGE) acusó de favoritista a la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez, argumentando que ella está defendiendo a un exfuncionario duartista.
La audiencia intermedia del exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, fue suspendida debido una excusa por evidente parcialidad promovida por los fiscales del caso.
El procedimiento fue tramitado durante la audiencia, realizada en la sala 3 de Juicios Orales, el lunes 13 de noviembre.
Los fiscales fueron los últimos en presentarse e impidieron el desarrollo de la misma, bajo el argumento de que uno de los abogados defensores del exfuncionario, no debía estar presente.
Sin embargo, sólo exhibieron su ineficacia e ignorancia. Según ellos se sintieron vulnerados y por ello promovieron la excusa, en lugar de recurrir el acuerdo de la Jueza.
Desde las once de la mañana hasta las 13 horas con 38 minutos, la Jueza, los fiscales del caso y los abogados defensores de Audirac, debatían la permanencia del licenciado Álvaro Flores Nicolás.
La presentación de pruebas del procesado, no ocurrió, debido a los alegatos de personal de la FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz.
Los fiscales pretendían abusar de sus facultades y hacer que el litigante abandonara el caso.
La Jueza expuso a los presentes que ellos carecían de autoridad para tal cometido e incluso violentaban los derechos del imputado.
Pues solo Audirac Murillo debía decidir si Flores Nicolás seguía representándolo legalmente o no.
La Jueza, al no atender el reclamo de los fiscales, fue víctima de fuertes acusaciones.
Ella, molesta y agraviada, advirtió a los fiscales, sobre todo a Carlos Alberto Delgado -quien insistía en dichas acusaciones-, que los señalamientos en su contra eran graves.
“14 años me avalan como funcionaria judicial. Su señalamiento es tan grave hacia mí persona”, exclamó en la Sala de Juicios Orales.
Sosa Jiménez subrayó a los presentes que para llegar al cargo fue sometida a exámenes y debió prepararse para obtenerlo; nadie se lo otorgó.
Posteriormente, suspendió la audiencia intermedia y solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que intervenga y decida si es necesario que ella abandone el caso.
Al abogado Álvaro Flores le había sido revocado el nombramiento como defensor de Audirac, el pasado 28 de agosto.
PRESUNTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL IMPUTADO
A su juicio, los fiscales pretendían impedir el ofrecimiento de pruebas de parte de su persona.
“Es un derecho humano por parte del imputado, el ofrecer pruebas, pero es el disgusto. Ellos señalan que hay un artículo que refiere que al aportarse pruebas, pero hay una excepción de que si necesitas más tiempo para describir material probatorio se puede solicitar justificadamente”.
El motivo de los fiscales fue que se había cambiado la defensa.
“Ellos también consideran que la Jueza ha actuado de manera imparcial pero es el punto de vista de cada quien”.
El litigante aseguró que el
Imputado le pidió que lo acompañara en su defensa.
“Es un derecho que o tiene de optar quien quiere que lo defienda, ha habido variación en la defensa y ahorita pidió nuevamente que yo estuviera presente”.
Los fiscales consideran que la defensa pretende presentar pruebas a último momento para que no haya tiempo de su oportuna revisión.
Sin embargo, la Jueza no se prestó a sus intenciones para impedir al extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ofrecer sus pruebas.
8 MESES EN PRISIÓN
Y es que Audirac Murillo manejaba las finanzas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Su patrón se encuentra tras las rejas del Reclusorio Norte por ese motivo, mientras él permanece preso en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, a diez minutos de la capital del estado.
Audirac lleva casi ocho meses en prisión. Luce contento y seguro de sí mismo, pese a que porta la chaqueta naranja como cualquier recluso.
El pasado 29 de marzo fue detenido en el estado de Puebla.
La Fiscalía General de Puebla confirmó en un comunicado que el extesorero de Duarte había sido arrestado en cumplimento a una orden de aprehensión por el delito de coalición.
El imputado también fue excontralor general de Javier Duarte y auditor general del Órgano de Fiscalización. Además, tenía relación con varios diputados locales y alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).
En las denuncias presentadas por el departamento jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra funcionarios del gobierno de Duarte, destacaba el de Mauricio Audirac.
MAGISTRADOS LO PROTEGEN
Los magistrados veracruzanos, Gilberto Ignacio Bello Nájera y José Luis Ocampo López serían sancionados por el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz.
El Pleno abrió dos instructivos de responsabilidad contra los magistrados por entorpecer procesos judiciales en contra del extesorero de Sefiplan, Tarek Abdala y del exauditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Mauricio Audirac Murillo.
Se trata de un encubrimiento a dos exfuncionarios del gobierno priista, que encabezó Javier Duarte de Ochoa, arrestado en Guatemala por enriquecimiento ilícito y vínculos con la delincuencia organizada.
Tarek Abdalá y Audirac Murillo fueron señalados en actos de corrupción y el desvío de recursos públicos, situación que orilló a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a interponer diversas denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobierno de Duarte de Ochoa, en el periodo 2013-2016.
De acuerdo con una fuente del Poder Judicial, Bello Nájera omitió malos manejos en el Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud (FASSA), cuyo daño patrimonial en contra del estado fue por 315 millones 627 mil 148 pesos con 232 centavos.
Por su parte, Ocampo López no notificó al Tribunal Superior de Justicia que tendría un "conflicto de intereses" en el caso de Audirac Murillo.
Pues se habla de un daño patrimonial de 9 millones 794 mil 660 pesos y la hermana del magistrado, Beda Ocampo López fue Directora General de Administración del Órgano de Fiscalización, cuando Audirac era titular.
COALICIÓN
Enfrenta la causa penal 36/2017 por el delito de coalición y continuará recluido hasta que se aclare su situación legal.
Se le señala por presunto agravio de 2 mil 300 millones de pesos en contra del Régimen Estatal de Protección en Salud a la cual se le considera víctima indirecta.
Audirac y Tarek Abdalá Saad autorizaron el desvío de recursos de dicho dinero para el Seguro Popular a cuentas de gobierno del estado.
Y es que según el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales el delito de coalición se conforma cuando un servidor público impide cumplir una ley o algún reglamento.
La pena por cometer el delito de coalición va de seis meses a seis años de prisión.