Agencia (AVC) Xalapa, Ver. Es necesario que los municipios de Veracruz y Medellín formalicen la petición para revocar la concesión para la dotación de agua potable a Grupo MAS, afirmó la diputada local Mariana Dunyaska Rojas.
En entrevista, luego de que el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Bonilla, señaló que el tema ya está en cancha de la Cámara, aseguró que deben ser muy cuidadosos en la revocación del título de concesión, pues al parecer se tendría que pagar una penalización.
Señaló que el monto podría ascender a los cinco mil millones de pesos, por lo que los alcaldes electos tendrán que revisar las letras chiquitas del contrato.
Aseguró que con los informes del Orfis se tienen más elementos para poder revertir la autorización que dio la pasada Cámara.
“Hay que revisar bien las cláusulas, porque tengo entendido qué hay una cláusula en el título de concesión que establece que quien incumpla con el contrato tendría una amonestación financiera de muchos millones de pesos”, insistió.
Dijo que la penalización la tendrían que cubrir los dos municipios que reciben el servicio de agua potable, a pesar de que es pésimo y constantemente se suspende el suministro.
La panista reconoció que la exigencia de mejorar en el servicio es una demanda ciudadana, por lo que serán cuidadosos de revisar el título de concesión.
En este momento, explicó, ya se inició la entrega-recepción por el cambio de la administración municipal y esperarán a que las nuevas autoridades planteen la petición formal ante el Congreso.
CONGRESO CUENTA CON ELEMENTOS PARA REVOCAR CONCESIÓN
El Congreso del Estado cuenta con la información y los elementos para revocar la concesión que se otorgó a Grupo Metropolitano de Agua, responsable de dotar del vital líquido a los habitantes de Veracruz y Medellín, ante el incumpliendo del contrato.
El auditor general del estado, Lorenzo Antonino Portilla Vásquez, informó que han emitido dos informes desde la revisión de la cuenta pública 2015 y 2016.
Si bien evitó confirmar que se debe rescindir la concesión, refirió que cuando un contrato se incumple se debe revocar de inmediato.
Explicó que desde el 2015 se detectó que el contrato tenía algunos vacíos legales que se tenían que subsanar, en el caso de 2016 el informe especial detalla que Grupo MAS no debe contratar un crédito pata liquidar los pasivos del extinto SAS.
“Se encontró que el título de concesión que se otorgó tiene ciertas lagunas legales que se tienen que atender”, dijo y refirió que el Orfis ya dio los elementos de prueba a la Cámara para revisar la autorización que otorgó la LXIV legislatura.
Mencionó que en las conclusiones de las dos cuentas públicas se hizo referencia que compete a la Cámara el tomar acciones legales, “la concesionaria no ha cumplido con la obligación que asumió al haber participado en la convocatoria, al haber sido adjudicada. Debe responder por el contrato que se le asignó”.
Antonio Portilla refirió que es urgente que se tomen acciones legales en el tema, “si en un contrato hay cláusulas que cumplir, que se cumplan”.