Ciudad de México.- (AVC) Alfonso Ortega López pasó de ser testigo en el caso de Javier Duarte a beneficiarse de la venta de 14 inmuebles y terrenos adquiridos con recursos del erario de Veracruz.
Este personaje, que ha colaborado con la PGR en las acusaciones contra el ex Mandatario, comenzó a vender las propiedades, entre ellas terrenos y un hotel en Tulum y Playa del Carmen, las cuales fueron adquiridas con recursos públicos.
Actualmente, esos bienes -con más de 45 mil metros cuadrados de extensión- tienen un valor superior a los 400 millones de pesos.
Dichas propiedades son parte de un fideicomiso en el Deutsche Bank y a la fecha no han sido aseguradas por las autoridades ministeriales que siguen el caso del ex Mandatario, aunque las empresas involucradas en la adquisición de derechos fueron beneficiarias de la Administración de Duarte.
De acuerdo con documentos financieros y registrales, hoy existe un precontrato de 180 millones de pesos por 3 de los 14 bienes en Tulum y Playa del Carmen, de los cuales ya se hizo un depósito inicial de 5 millones de pesos.
Estos terrenos están identificados como "Inmueble Pescadores", en la carretera costera Tulum-Boca Paila, e "Inmuebles Playa Paraíso 1 y 2", también en Tulum.
La empresa vendedora, Manudu Indi, S. A. de C. V., tiene su domicilio en una unidad habitacional de la Calzada Vallejo, en la Colonia Santa Rosa, Delegación Gustavo A. Madero.
Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres del ex Gobernador, invirtió 7 millones de pesos en la adquisición, pero en diciembre de 2015 cedió sus derechos a una persona moral de la que Ortega era titular.
Las 14 propiedades de Ortega antes correspondían a las compañías KR, KR Playa VI, KR Playa XI, Kor Playa Ikal Real State y Kor Playa Tulum Real Estate.
Las empresas en cuestión se vieron en la necesidad de garantizar un crédito con Citigroup, emitieron pagarés a su favor y constituyeron el Fideicomiso F/353 de Deutsche Bank, al que aportaron sus bienes en Tulum y Playa del Carmen.
Citigroup tenía la calidad de fideicomisario, razón por la que podía hacer efectiva la garantía a su favor, en caso de que las empresas incumplieran con el pago del crédito.