Xalapa, Ver.- (AVC) La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación general 01/2017 a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Congreso Local y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito en Veracruz, por omisiones y errores en la integración de carpetas de investigación y seguimiento en 81 casos personas desaparecidas.
La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, informó que las carpetas corresponden a casos de personas desaparecidas de febrero del 2011 a octubre del 2016, y se revelan graves omisiones que constituyen un padrón sistemático para generar impunidad.
En el seguimiento a los casos se detectó que hubo irregularidades recurrentes de la Fiscalía para obstaculizar las indagatorias: “En todos los casos el inicio de la investigación fue mera formalidad, no hubo diligencias para buscar con vida a las personas desaparecidas, y las cargas procesadas de la autoridad fueron trasladadas a las víctimas indirectas, las investigaciones tenían deficiencias estructurales”.
Las omisiones encontradas demuestran el incumplimiento de debida diligencia de la investigación, lo que fomenta la impunidad y repetición de los casos y violaciones a los derechos humanos y vulnera el derecho de las familias para tener acceso a la verdad y la justicia.
Advirtió que este patrón provocó que los autores materiales e intelectuales de las desapariciones permanezcan libres y que los servidores públicos encargados de las indagatorias de personas desaparecidos perpetúen las prácticas violatorias de los derechos humanos.
Congreso y Comisión de victimas también fueron omisas
En el año 2013 fue creada la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito y Violación a los Derechos Humanos y a finales de noviembre del 2014 se publicó la Ley 308 de Víctimas y en ese instrumento legislativo se estableció que la comisión tenía el deber de proporcionar ayuda y reparación integral a las víctimas del delito a través del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
Sin embargo el fondo nunca pudo operar, porque el Congreso local no etiquetó los recursos en el presupuesto de egresos del estado, aun cuando existe un mandato normativo: “El congreso ha ignorado este mandato legal desde que el estado cuenta con legislación en materia de víctimas”.
A su vez, se documentó que la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito que la atención fue deficiente: “Se constató que el registro estatal operó de forma tardía en los casos, y solo atendió 26 de los 81 casos que se investigaron, esto demuestra que la atención a víctimas fue insuficiente”.
La presidenta de la CEDH reconoció que la recomendación solo incluye 81 casos, pero valen por todos aquellos que han padecido la misma situación: “Para tenerlos siempre presentes y nunca permitir el cómodo olvido, hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están pero tenemos la obligación de reclamar uno por uno, hasta que la respuesta muestre la verdad”.