Xalapa, Ver.- (AVC) El Gobierno del Estado debe pagar ocho mil millones de pesos que se tomaron de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), porque se trata de una deuda institucional, aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno de la Federación de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (Fesimav), Armando Chama Juárez.
Entrevistado tras su guardia de honor ante el ministerio de Miguel Hidalgo y Costilla, lamentó que hasta ahora el actual ignore estos pasivos y puesto que los recursos del IPE fueron tomados de manera indebida, se deben reponer.
"Aparece un adeudo de ocho mil millones de pesos y exigimos que el gobierno debe pagar porque las deudas son institucionales y debe hacer el pago correspondiente. Confiamos en el gobierno actual y sabemos que hará el esfuerzo porque el daño que se hizo al patrimonio sea restituido".
Además, reprochó que en las tres reuniones que se han realizado entre sindicatos y los diputados que integran la Comisión Especial para Analizar y Proponer Iniciativas para el Rescate del IPE, no hayan acudido ni el director de esa institución, Hilario Barcelata Chávez, ni el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Guillermo Moreno Chazzarini.
"Han sido convocados de manera formal los titulares del IPE y de Sefiplan, no han acudido por cuestiones de carácter personal o de trabajo, pero nosotros sí hemos avanzado y se ha marcado el posicionamiento de las organizaciones sindicales".
No obstante, advirtió que la Federación que preside está en contra de la individualización de las cuentas de los pensionados y trabajadores, pues señaló que esto significaría que los recursos que logren ahorrar solo serían los que ellos aporten.
"Cada trabajador crearía su propio ahorro para su jubilación y al terminar se acumula una cantidad en efectivo y lo demás se lo van a tabular en un promedio de 5 o 10 años y cuando se le acabe ya no tendrá como subsistir".
Por este motivo, dijo que la Federación defiende el sistema de pensiones solidarias, a fin de que los trabajadores, el patrón y el Gobierno del estado aporten recursos para el retiro de los trabajadores.