Xalapa, Ver.- (AVC) En los últimos siete meses el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz ha solicitado en cinco ocasiones se inicie juicio de procedencia en contra de alcaldes, una diputada local y legisladores federales, cuatro de ellos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una ex militante de Morena.
El abogado de los veracruzanos ha presentado y ratificado las peticiones ante la Secretaría General del Congreso local y el federal, y sólo en el caso de Eva Cadena –a nivel local- reunió los requisitos de ley y justificó la petición, por lo que la mayoría le quitó la representación popular.
Se enoja y llama corruptos a los diputados por desechar sus peticiones
La primera petición se formalizó el 26 de enero cuando el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, entregó a la Cámara de Diputados federal la solicitud un juicio de procedencia en contra del diputado federal Antonio Tarek Abdalá,
Al exfuncionario duartista se le inicio una investigación por el desvío de al menos 23 mil millones 156 millones de pesos de recursos estatales y federales.
A Tarek Abdalá se le acusa de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencia, y desvío de recursos cuando fue tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) entre el 2012 al 2014.
Unos días después, el 31 de enero, se pidió quitar la protección constitucional al alcalde de Fortín de la Flores, Armel Cid de León quien fue denunciado por violencia intrafamiliar equiparable, al golpear a una mujer.
Su antecesor Luis Ángel Bravo Contreras presentó la misma petición pero por escribir mal el nombre del municipio se desecho la petición, que más tarde desempolvó Winckler Ortiz.
Ambos casos fueron rechazados por los legisladores bajo el argumento que los dos priistas contaban con un amparo, por lo que no debían retirarles la protección constitucional.
Luego que los dos intentos de desafuero en contra del diputado federal Tarek Abdala Saad y el alcalde de Fortín, Armel Cid León fracasaran, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz tildó a los legisladores de “corruptos".
Desafuero político
La tercera solicitud de desafuero y la única que ha procedido a la fecha, fue la que presentó el 9 de mayo en el Congreso local cuando pidió que se iniciara Juicio de Procedencia contra la diputada local independiente Eva Cadena, quien llegó a la curul abanderada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
A la entonces candidata a la alcaldía de las Choapas la grabaron recibiendo donaciones en efectivo para el proyecto de Morena, por lo que fue denunciada por presuntos delitos electorales.
Fue el 4 de julio cuando la mayoría del Congreso validó retirar el fuero a la legisladora local quien sigue su defensa ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), que también inicio el proceso legislativo a nivel federal.
Alberto Silva sigue a la espera de un dictamen
El cuarto en la lista fue el priista Alberto Silva Ramos contra quien existen denuncias penales por el desvío de recursos públicos que se pagaron a empresas fantasmas, cuando se desempeñó como coordinador de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte.
El 13 de julio se formalizó la petición y la comisión Instructora de la Cámara federal y el pasado 18 de agosto se venció el plazo de Silva Ramos para defenderse antes de que dicho grupo de trabajo emita el dictamen al respecto.
El diputado federal determinó acudir directamente a la Fiscalía General del estado para conocer los delitos de que se le imputaban, incluso, hizo una transmisión a través de redes sociales.
Se espera que en breve se pueda emitir un dictamen de parte de la comisión Instructora del Congreso federal.
Va contra alcalde priista
Este lunes presentó la última solicitud contra el alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez por los presuntos delitos de evasión de reos, robo de vehículos, desobediencia y resistencia de particulares.
A solo cuatro meses de que concluya su periodo constitucional, con lo que perdería el fuero, presentó la petición misma que ratificó y que fue turnada a la comisión de Gobernación, así como de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y determinar si es procedente.
Los legisladores tendrán un plazo de tres días para dictaminar si la propuesta tiene sustento jurídico e iniciar el juicio de desafuero que podría llevar un plazo de un mes.
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