Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- Luego de asegurar que las decisiones en los nombramientos de funcionarios estatales es al interior del gobierno y el PRD nada tiene que ver, el dirigente estatal del Sol Azteca, Jesús Alberto
Velázquez Flores, dijo desconocer que si la esposa del diputado Sergio Rodríguez Cortés fue destituida el fin de semana como delegada en Orizaba de la Secretaría de Educación.
En conferencia de prensa, señaló también que luego de que Rodríguez Cortés se pasara al Grupo Mixto Juntos por Veracruz en el Congreso local, se lleva a cabo un recursos legal para decidir si conserva su militancia o es expulsado del partido.
En ese sentido, manifestó que se lleva a cabo un recurso legal ante la Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional que decidirá su destino como perredista.
“Los nombramientos que se hacen al interior del gobierno estatal no dependen del PRD, no sabría yo contestártelo, en relación al tema del proceso interno que se está viviendo en relación a la militancia del diputado Sergio Rodríguez es un proceso que está en el Comisión Jurisdiccional”.
Cuestionado en torno a si con la destitución de algunos funcionarios perredistas el Sol Azteca no pierde presencia al interior del gobierno de coalición, respondió que “hasta el momento no sabemos que haya representantes del partido que esté siendo sacado del Gobierno Estatal”.
En otro orden de ideas, sobre la salida de la exdirectora de Espacios Educativos, Xóchitl Tres Rodríguez, quien llegó a un acuerdo reparatorio en el delito de enriquecimiento ilícito, indicó que se ha exigido que se aplique la ley de manera clara y dura en contra de quienes participaron en la administración de Javier Duarte de Ochoa y tuvieron participación en los hechos de corrupción.
“Hasta este momento creemos que la aplicación de la ley tiene que estar por encima de cualquier cosa. Si el juez de control que ha determinado la salida de esta persona, nosotros solo pedimos que la ley sea aplicada de manera correcta”.
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Finalmente, Jesús Velázquez, insistió que los temas judiciales deben recaer en quienes aplican la justicia, pero exigen que sea un castigo ejemplar en contra de quienes participaron en actos de corrupción.