Xalapa, Ver.- (AVC) A pesar de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre los actos de tortura de elementos policiacos en contra de Gabriel Alfredo Martínez Godos, imputado por la masacre del bar Madame, su proceso legal se ha alargado e incluso se amplió su prisión preventiva seis meses más.
Al respecto, la abogada integrante del equipo de defensa del joven, Magda Zayas Muñoz, señaló que a casi un año de haber sido aprehendido y enviado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, la autoridad judicial no ha programado la fecha de la audiencia del juicio oral, pero sí aprobó la solicitud de la Fiscalía General de ampliar la medida cautelar en su contra.
"Estamos solamente a la espera de que la juez de control defina la audiencia a juicio oral, que pueden ser una, dos o tres audiencias, aunque debería ser única (...) la juez tendría que fijar cuanto antes la fecha, pero argumentan el exceso de trabajo y el cúmulo de audiencias por el tema de los ex funcionarios aprehendidos y son pocos jueces los que hay en Pacho y hay que esperar a que puedan incluir este tema dentro de su agenda".
Precisó que en el expediente la CEDH pudo acreditar la tortura contra Martínez Godos y solicitó a la Fiscalía General del estado (FGE) hacer un extrañamiento a los elementos involucrados en estos actos.
"Tal vez alguno de ellos ya no labora en la Fiscalía, pero lo cierto es que los servidores públicos están obligados a responder por los hechos en los que actuaron como servidores públicos y aunque ya no laboren, tienen que asistir a las audiencias de juicio".
Cabe destacar que en el juicio oral tendrán que presentarse todos los involucrados ante el juez para rendir su declaración, desde los peritos, policías, familiares de las víctimas, los propios heridos y los acusados.
Explicó que el proceso se suspendió desde que se promovió un amparo ante un juez de distrito por presuntas violaciones al debido proceso y vicios formales en la audiencia, como haber declarado las audiencias como privadas; sin embargo, el juez no dictaminó bajo el argumento de que no pudo notificar a los terceros interesados en el caso, lo cual dejó en suspenso esta solicitud.
Esto generó que la defensa se desistiera de esta intención a fin de darle celeridad al proceso y que la jueza de control Verónica Portilla continuara con el caso.
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Ante esto, la abogada insistió en que su defendido fue privado ilegalmente de su libertad por parte de elementos de la Fiscalía que lo torturaron.