Julia Méndez. Martínez de la Torre. Unificar a nivel nacional los sistemas locales anticorrupción, así como acelerar la conformación de los respectivos reglamentos y la designación de un Fiscal propio del área, en cada entidad de la República, es parte de la encomienda que se tiene la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, manifestó Stalin Sánchez Macías, quien el pasado 23 del presente fue nombrado Coordinador de Asesores de dicha comisión.
El nombramiento le fue asignado por el Senador de la República, Héctor Yunes Landa, Presidente de la citada Comisión, quien le solicitó trabajar coordinadamente con quienes forman parte de este proyecto, para lograr el objetivo principal que es el combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno.
Sánchez Macías reconoció que es un gran reto el que les fue encomendado, toda vez que aún hay congresos locales como Veracruz, Baja California, Coahuila y Chihuahua que han incumplido con aprobar sus leyes anticorrupción.
“Es lamentable que luego de la situación por la que ha atravesado nuestro estado, en materia de corrupción, hasta este momento el congreso local no tenga avance alguno en la conformación del Sistema Local Anticorrupción, y mucho menos tenga designado o cuente con alguna propuesta para quien será designado como Fiscal del área; es por eso que desde la coordinación de asesores, trabajaremos con nuestro Senador para que se tomen cartas en el asunto y se garantice en la brevedad posible, una función pública transparente”, manifestó el entrevistado.
Manifestó que tras asistir a la Primera sesión plenaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, se acordó reforzar esfuerzos con los diferentes congresos locales para que puedan dar por concluido este trámite, ya que hasta ahora sólo Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, son los únicos que cuentan con un Fiscal Anticorrupción ya ratificado.
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Finalmente se pronunció por unificar los sistemas locales anticorrupción, con el que será a nivel nacional, ya que de esta manera habrá una ley única y la aplicación del reglamento será pareja con todos los servidores públicos, puesto que el daño que provocan al aceptar un soborno, es igual de perjudicial en cualquier entidad o estrato social.