Rodrigo Barranco. Veracruz, Ver. El dirigente del sindicato Unidad y Progreso de TAMSA, Pascual Lagunes Ochoa, fue vinculado a proceso por los delitos de incitación y apología a cometer un delito y por el presunto homicidio de Margarito Alfaro Domínguez, confirmándose la prisión preventiva de un año en su contra.
El líder libró terrorismo, lesiones y por la acusación de la muerte del señor Pedro Cruz, una de las dos personas asesinadas en marzo durante los enfrentamientos dados afuera del auditorio de la organización gremial.
Lagunes quedó a disposición del juez Sexto de Distrito de Primera Instancia para que determine si le dan prisión domiciliaria o se queda en un penal.
El dirigente gremial fue trasladado en un rinoceronte de la Policía Federal al Penalito de Playa Linda, bajo un fuerte operativo de seguridad, y en medio de porras y muestras de cariño de parte de los cientos de trabajadores que esperaron afuera del Poder Judicial del Estado, en la avenida Ignacio Allende Norte, del puerto jarocho.
En el patio central del recinto, justo afuera de la Sala de Juicios Orales, la familia de Pascual Lagunes se quedó llorando, abrazados, desconsolados, y pidiendo explicaciones a sus abogados.
La segunda Audiencia de Control de Pascual Lagunes Ochoa duró cerca de 9 horas debido a que hubo varios recesos, algunos solicitados por dos de los nuevos abogados contratados por el dirigente sindical de Tamsa.
El imputado quedó a disposición de la juez de control y estará recluido, por lo menos, dos meses, en lo que se lleva a cabo la investigación complementaria por parte de la Fiscalía General del Estado.
En un principio, la Fiscalía solicitó cuatro meses para la siguiente audiencia de control, pero la defensa alegó que era mucho y pidió que solo fuera uno. Al final se determinó que fueran dos.
El abogado defensor, Enrique Rementería Zavaleta, explicó que con el auto de vinculación cambia el estatus de auto de prisión, por lo que podrán pedir una revisión a las medidas cautelares para solicitar la prisión domiciliaria preventiva de un año, en lo que duran las dirigencias.
Afirmó que los datos que por ahora tiene la Fiscalía no son suficientes para achacarle una participación en los hechos, por lo que en estos dos meses las autoridades judiciales tendrán que demostrar lo contrario.
Ante esto, la defensa podría solicitar un amparo o una apelación, pero es algo que analizarán en las próximas semanas.