Juan David Castilla. Xalapa, Ver. La Fiscalía de Veracruz giró una orden de aprehensión contra Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Finanzas de la administración del ahora prófugo Javier Duarte de Ochoa.
Cuando personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a su domicilio en el fraccionamiento Las Ánimas, para notificarle y detenerlo, no se encontraba.
El operativo se llevó a cabo el pasado viernes, día en que fue arrestado el ex titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia García, por el presunto desfalco de 435 millones de pesos, detectado en los resultados de las cuentas públicas y 2013 y 2014.
Ex funcionario duartista imputado de los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición.
Ilícitos en los que también está implicado el ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo. Por ello, de Juez de Control dictó a ambos un año de prisión preventiva como parte de las medidas cautelares, para evitar que se fuguen, mientras continúan siendo investigados.
Durante el cateo de la vivienda de Carlos Aguirre, fueron incautados fajos de dinero en una caja fuerte y una camioneta Jeep, Grand Cherokee, último modelo.
En noviembre de 2016, la Contraloría General del Estado presentó cuatro denuncias penales en contra de ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Aguirre Morales promovió en agosto pasado el amparo 735/2016 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa, el cual le concedió la suspensión provisional contra mandamientos ministeriales o judiciales que lo priven de su libertad.
El ex funcionario priista se desempeñó como subsecretario, tesorero y director general de Programación y Presupuesto, así como jefe del Departamento de Participaciones a Municipios y encargado de despacho.
Carlos Aguirre dejo el cargo de subsecretario de egresos en Sefiplan, el 24 de junio de 2015, luego de que la Contraloría General del Estado lo inhabilitara de la función pública por tres años, al no haber solventado observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).