Juan David Castilla. Xalapa, Ver. De enero de 2016 al 17 de febrero de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 777 denuncias penales contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz.
De acuerdo con la solicitud de información presentada al sistema Informex-Veracruz con folio 00195317, actualmente las investigaciones están en proceso.
En el expediente administrativo registrado con el número SOL-AI/DT-FGE/INFOMEX/84/2017, la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos detalló que los funcionarios y ex funcionarios pertenecen a los Poderes Públicos, Organismos Autónomos del Estado o de la Administración Pública Estatal o Municipal.
El director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la FGE, Leopoldo Calderón Serrano, proporcionó que al menos 14 delitos se estudian dentro de las denuncias.
Se trata de abuso de autoridad, despojo, incumplimiento del deber legal, extorsión, tortura, enriquecimiento ilícito, uso de documentación falsa, fraude, falsificación de documentos, homicidio.
Así como también, usurpación de funciones, desaparición forzada, delitos cometidos por médicos así como por hechos probablemente constitutivos de delito.
Entre los ex funcionarios que ya han sido imputados por diferentes delitos se encuentran el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita; el ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos; el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís; el ex gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado y otros.
Ríos Alvarado fue detenido este fin de semana por ser "cómplice" en la huida del ex gobernador prófugo, Javier Duarte de Ochoa, al facilitarle un helicóptero, aun cuando tenía una orden de aprehensión en su contra.
Se encuentra en el penal de Pacho Viejo por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento, y la juez de Control del Segundo Juzgado del Distrito Judicial de Xalapa, Alma Sosa Jiménez, le dictó un año de prisión preventiva.
Bermúdez Zurita también se encuentra en el Centro de Readaptación Social (Cereso). Él ingresó el pasado 3 de febrero porque fue vinculado a dos procesos judiciales: uno por los delitos de abuso de autoridad y trágico de influencias, y el otro por enriquecimiento ilícito.
Deantes Ramos acude al penal cada 15 días a firmar, pues también fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Después de 13 días preso, Bustos Solís fue liberado, aunque se le señala de malversar 2 mil 300 millones de pesos, del sector salud.
Otros ex funcionarios duartistas están siendo investigados por las denuncias interpuestas en su contra.