Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) aceptó la solicitud de una segunda Alerta de Género, esta vez por Agravio Comparado, que presentaron diversas organizaciones civiles, por lo que emitió las recomendaciones a cumplir por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en esta materia.
Al respecto, la integrante de Equifonía Asociación Civil, Araceli González Saavedra, señaló que la comisión perteneciente a la Secretaría de Gobernación entregó el pasado 10 de marzo las recomendaciones de la alerta, por lo que el gobierno de Veracruz tiene 15 días para responder y seis meses posteriores para ejecutar estas medidas.
En conferencia de prensa, indicó que es lamentable que el informe federal revele que la propia Fiscalía General del Estado no cuente con información al respecto, pero sí abra carpetas de investigación por ello.
“La Fiscalía General del Estado no cuenta con datos sobre cuántas interrupciones legales del embarazo se han aprobado y se han garantizado para las mujeres en el estado de Veracruz, nos dicen que en el estado de 2015 a 2016 se iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por el delito de aborto”.
La Conavim ordena al estado modificar su legislación para despenalizar el aborto en plazos claros y evitar más defunciones, como las muertes maternas que se reportaron en 2014 que fueron un total de 22.
Aracely González señaló que se establecen las recomendaciones y en el informe entregado al gobernador se establece el plazo de seis meses para el cumplimiento de las medidas que están incluidas en el informe.
La activista destacó que es el primer caso de alerta por agravio comparado que se admite en el país, donde se hace el estudio y ahora estamos en espera de que el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acepte o rechace el informe, cuyo plazo es el 24 de marzo, si lo rechaza se emitiría la alerta y si lo acepta tendría un plazo para el acatamiento de las recomendaciones.
“Es decir, tanto la SEGOB a través de la CONAVIM, como el gobierno del estado está en sus manos la decisión que tomen respecto a la decisión de esta problemática”, finalizó.