Xalapa, Ver. El Centro de Análisis de Políticas Públicas Evalúa México detectó que de 2007 a 2016, las cifras sobre homicidios podrían haber sido manipuladas por el gobierno estatal con el fin de mostrar la supuesta disminución del delito.
Mediante el estudio "Cada víctima cuenta: Hacia un sistema de información delictiva confiable", se observaron irregularidades en el registro de este delito ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El estudio determinó que es posible que las autoridades de Veracruz, en los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, se hayan manipulado los registros de homicidios, clasificando homicidios dolosos en culposos.
Lo anterior debido a que el aumento no ocurrió en porcentajes "normales" o que correspondían a los datos históricos sobre la incidencia de este delito.
El estudio observó que durante el último año del Gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán en 2009, los registros de homicidio doloso presentaron un aumento sustancial con respecto al pasado.
"En general, el comportamiento del homicidio culposo en este estado no suele ser el que corresponde a una medición de eventos accidentales particularmente, si se compara con las tendencias que se presentaron en el ámbito nacional", se lee en el estudio.
El riesgo consiste en que de no medirse imparcial y correctamente la prevalencia e incidencia delictiva, los diagnósticos de las políticas públicas para prevenir y combatir la violencia y delincuencia, y por ende su efectividad y su financiamiento, no corresponderán a la realidad.
"La calidad y veracidad de los datos con base en los cuales se construyen las políticas de prevención de la violencia y seguridad pública condicionan su validez y son centrales para entender la naturaleza del delito en México".
Estas anomalías en el registro de homicidios también fueron detectadas en Gobiernos de los estados de Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco, Estado de México, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Durango, Nayarit y Colima, en un lapso de 10 años.
En todos estos se mostró una relación positiva entre la evolución de las tasas de homicidios dolosos y culposos que pudiera indicar algún grado de adulteración de los datos.
Los resultados indican que, probablemente, 23 de 136 gobiernos estatales analizados dejaron algún rastro de manipulación, puesto que la frecuencia acumulada del último dígito de sus respectivos homicidios no concuerda con los criterios de uniformidad y aleatoriedad.
Los resultados globales sugieren que 28 por ciento de las administraciones analizadas fueron catalogadas como posibles focos rojos en términos de subregistro delictivo.
Además, indica que la posible manipulación de homicidios --si ocurre--, puede presentarse antes de las elecciones, aunque sea más probable que suceda cuando el margen de victoria entre el primero y segundo lugar fue más cerrado.
El reporte concluye sobre la necesidad de institucionalizar un comité que audite y valide la calidad y veracidad de las estadísticas delictivas del fuero común.
"Es necesario iniciar un diálogo constructivo y democrático entre ciudadanos y autoridades sobre la relevancia de contar con registros delictivos de calidad y veraces".
Considera que el sistema de auditorías debe basarse en un marco jurídico sólido, con atribuciones y facultades claras, para obligar a las entidades bajo escrutinio a intercambiar información y facilitar el acceso al Comité de forma expedita.
Asimismo, tiene que ser independiente, sujeto a pesos y contrapesos, alineado a principios éticos de la buena gobernanza y sólido para garantizar la rendición de cuentas entre autoridades, así como entre ciudadanos y gobiernos.
Fuente: AVC