Juan David Castilla. Xalapa, Ver. El hijo de Beatriz Adriana Velasco Cuevas lleva más de seis meses tras las rejas en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec. Lo acusaron de homicidio, pero cree en su inocencia.
Desde agosto pasado, ha buscado la manera de que el gobierno otorgue la defensoría legal para el caso; sin embargo, le han cerrado las puertas.
José Eduardo Bello Velasco, de 22 años, laboraba en un negocio donde fabricaban puertas, ventanas y otras piezas de aluminio.
Luego de participar en una riña, donde alguien perdió la vida, ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso).
"Resulta que no nos hacen caso, los defensores de oficio no se han presentado, no han hecho nada. Metí oficios para las autoridades, pero no hay respuesta", narra su madre.
La ama de casa carece de recursos económicos para contratar a un abogado que busque la libertad de su único hijo.
Ha entregado solicitudes por escrito a la directora del Departamento de Defensoría Pública, Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien, a juicio de la quejosa, nunca se encuentra en su oficina.
"Ahora me atendió la señora Reyna Argentina Salas Rebolledo y ella me dice que el caso de mi hijo está perdido. La licenciada Leticia Casarín dice que ella no puede llevar dos casos a la vez, porque ya están muy saturados de trabajo y me dan largas y más largas".
UNA BALA ARRANCÓ PARTE DE SU BRAZO
Además de estás omisiones por parte del gobierno estatal, los derechos del joven han sido violentados al interior de la cárcel.
Hace un tiempo, José Eduardo fue asaltado y una bala le destrozó parte del brazo izquierdo, quedándole una lesión de por vida.
Cuando ingresó al penal, los custodios le quitaron la férula -un aparato de fierro que le ayudaría a recuperar la movilidad-.
Los médicos le habían realizado un injerto para reconstruir nervios, tendones y venas dañadas.
"Su brazo quedó mal. Violan sus derechos, saben que debe estar en clínica y no es así, está en el área general. Antes estaban en espacios más amplios, cuando entró le pegaron los guardias, porque se negó a hacer la talacha para proteger su brazo", cuenta doña Beatriz.
Su hijo también se ha visto afectado por la estancia del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, y el líder del Movimiento de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, en el penal de Pacho Viejo.
"De que llegaron les niegan el paso a los internos, algunos ya no tienen visitas, se mantienen de sus artesanías, pero ya no. Del otro lado del campo ya no pueden anotar porque está el otro señor de los 400 Pueblos, nuestros internos están en un lugar muy pequeño, no es justo".
CEDH TAMPOCO HACE NADA
La madre, desesperada por el sufrimiento de su hijo, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Namiko Matzumoto Benítez, pero también ha hecho caso omiso.
Por el padecimiento, José Eduardo requiere "cuidados especiales" para recuperar su brazo. Incluso, no puede ingerir cualquier alimento.
Los abogados públicos no lo defienden porque su madre no tiene para pagarles el pasaje a Pacho Viejo o "darles dinero para las copias".
"Ni siquiera se han dado la oportunidad o el tiempo para verlo, porque no podemos darles sus honorarios para que vayan a Pacho, pero nosotros no tenemos, por eso ellos son públicos", relata la mujer.
El último oficio lo envió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares con copia a Matzumoto Benítez, en busca de su intervención para que haya justicia en beneficio de su descendiente.
Pero también está notificado el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y otras autoridades.