Agencias. Xalapa, Ver. Desde su creación en 2008 , el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), ha ejercido recursos federales millonarios por 23 mil 400 millones de pesos, sin embargo al menos el 30 por ciento, 8 mil 341 millones de pesos fueron observados por mal manejo o retenidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, (Sefiplan).
Las irregularidades en el manejo de los recursos van desde la transferencia de recursos a seis cuentas bancarias donde se mezclaron recursos de otros fondos, la compra de medicamentos a sobre precios por más de 11 millones de pesos, compra de medicamentos por 80 millones de pesos no incluidos en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud (CAUSES), el uso de dinero para el pago de aportaciones patronales, y la retención de recursos cuyo origen final se desconoce hasta la fecha.
En las auditorías practicadas de la cuenta pública del 2009 al 2014, la Auditoría Superior de la Federación calificó de negativo el dictamen y advirtió que Veracruz registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, administración de recursos humanos y destino de los recursos en adquisiciones.
Por estas observaciones, la ASF emitió desde el 2010 a la Contraloría General del Estado 133 observaciones entre aclaraciones, sanciones disciplinarias y administrativas en contra ex funcionarios estatales por violentar la norma y desviar de recursos, sin embargo a la fecha solamente Leonel Bustos, quien fuera director del Seguro Popular por ocho años, durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, se encuentra en prisión preventiva, acusado de desviar 2 mil 300 millones de pesos.
Sin embargo, implicados en el uso, retención y manejo irregular del Seguro Popular están implicados los titulares de Finanzas, Mauricio Audirac (inhabilitado) , Fernando Charleston, Salvador Manzur ( amparado) , Tomás Ruiz (amparado) y Antonio Gómez Pelegrín , así como los tesoreros Antonio Tarek, ahora diputado federal por Cosamaloapan (inhabilitado) , el ahora diputado local Vicente Benítez y los secretario de salud, Manuel Lila de Arce, Pablo Anaya, Juan Antoni Nemi Dib y Antonio Benítez Obeso.
Historias de corrupción
El Seguro Popular se creó oficialmente el 6 de febrero en 2008, y ocho meses después fue creado el reglamento, su primer director desde entonces fue Leonel Bustos ( nombrado el 28 de febrero del 2008) , quien anteriormente había sido además de miembro del PRI y hasta febrero del 2008, Director de Atención de Médica de la Secretaría de Salud.
En 2009, el gobierno federal transfirió 3 mil 257 millones de pesos a Sefiplan, pero esta no transfirió al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), recursos por 725 millones de pesos.
Desde el inició se observó que la Sefiplan y el Seguro popular destinaron los recursos en cuentas que eran utilizadas desde 1998 para gastos de operación, y no eran cuentas especificas para la entrega de estos fondos, además ahí se mezclaban ingresos de otras fuentes de financiamiento.
Para el 2010, la federación transfirió recursos por 3 mil 136 millones de pesos, de los cuales la ASF determinó recuperaciones por 1 mil 051 millones de pesos, de estos 399 millones de pesos fueron operados y 652 millones de pesos correspondieron a recuperaciones probables.
Para el 2011, se transfirieron recursos por 3 mil 800 millones de pesos, de los cuales 1 mil 527 millones pesos no fueron transferidos al fondo, además se detectó la utilización de seis cuentas bancarias para la operación de los recursos del Seguro Popular. “Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010”, señala la auditoría.
De acuerdo a esa observación, la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el expediente núm. 103/2012, con lo que se solventó lo observado, sin embargo los siguientes años el daño fue en aumento y reincidente.
A partir de este año se detectó que el dinero del seguro popular era utilizado para el pago de aportaciones patronales en los conceptos del ISSSTE, FOVISSSTE, cuotas para seguro para el retiro, seguridad social contractual, SAR, salud, cesantía y edad avanzada, solidaria de ahorro y seguro de responsabilidad, conceptos no pactados en los convenios.
Adicionalmente no se enviaron ni publicaron los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados; los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas.
Para el 2012 los recursos transferidos alcanzaron los 4 mil 148 millones de pesos, sin embargo, al 31 de marzo de 2013 finanzas no había transferido de la cuenta bancaria centralizadora al REPSS 1 mil 174 millones de pesos ni los rendimientos financieros por 286.8 miles de pesos, detectándose nuevamente el uso de múltiples cuentas bancarias para el uso de recursos.
En el 2013, el gobierno federal transfirió recursos por 4 mil 508 millones de pesos, sin embargo al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había devengado el 57.9% de los recursos transferidos.
Para el 2014, la federación transfirió recursos por 4 mil 447 millones de peso, sin embargo Al 31 de diciembre de 2014 y 30 de septiembre de 2015, la entidad federativa no había devengado el 56.5% y el 55.2% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recuperaciones probables por 1 mil 726 millones de pesos.
Sobreprecio en medicamentos y desorden en los almacenes
Entre las irregularidades reiterada en el uso de recursos de Seguro Popular se encuentran en los informes del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal un subejercicio en el recurso establecido para la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, pero además la compra de medicamento no contemplado en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud (CAUSES) por más de 80 millones de pesos del 2009 al 2013, sin consultar el precio con la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros insumos para la Salud.
Además se detectaron sobre precios en los medicamentos que sumaron más de 11 millones de pesos.
Otras de las observaciones recurrentes detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, era el desorden en el medicamento, lo cual ejemplificó en las visitas físicas, en los Almacenes y Farmacias del Hospital General “A” Rio Blanco en Orizaba, y al Hospital de la Comunidad Mariana Sagayo; Centro de Salud Urbano Orizaba y los Centros de Salud Rurales Huiloapan y Jilotepec, donde se observó que no había clasificación del medicamento por fuente de financiamiento; no se tiene un control para identificar el medicamento de nulo y lento movimiento y próximo a caducar, entre otras irregularidades.
la ASF observó que en 2011, el gasto per cápita en medicamento por afiliado del Seguro Popular a partir de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal fue de 241.2 pesos; mientras tanto, en 2010 fue de 41.0 pesos (precios constantes de 2011), lo que implicaba un incremento real de 200.2 pesos.
Sin embargo, existía desabasto de medicamentos, vinculado con el surtimiento incompleto de recetas, situación que se mantuvo como una de las quejas más recurrentes en la entidad.
“Lo anterior, no obstante que se destinó el 25.8% de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, cuando la normativa establece para este rubro hasta el 30.0% de dichos recursos”, señala la auditoría.
Las denuncias
Por estos irregularidades la Auditoría Superior de la Federación, presentó entre 2015- 2016, siete denuncias, por recursos de la cuenta pública 2012 y 2013, que suman montos por aclarar de más de 3 mil millones de pesos.
Pero el desvío de recursos no es algo nuevo en el Seguro Popular, desde su creación ha sido calificado con seis dictámenes negativos en el uso de recursos y uno con salvedad de parte de la ASF.
La misma ASF ha solicitado a la Contraloría General del Estado, al menos 133 observaciones entre aclaraciones, sanciones disciplinarias y administrativas en contra ex funcionarios estatales por violentar la norma y desviar de recursos, sin embargo a la fecha solamente Leonel Bustos, quien fuera director del Seguro Popular por ocho años, durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, se encuentra en prisión preventiva, acusado de desviar 2 mil 300 millones de pesos.
El ex director fue vinculado a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, por lo que estará en prisión preventiva en los próximos cuatro meses.
En su declaración ha señalado al director de la Unidad Administrativa, Jorge Alberto Said Manzur, de falsificar gacetas oficiales y memorándums en noviembre del 2014, para darse atribuciones para transferir 2 mil 300 millones de pesos a Finanzas, por orden del entonces titular, Mauricio Audirac.
Jorge Alberto Said Manzur fue durante 2009- 2013, director administrativo del Hospital de Alta Especialidad de Medellín y desde 2014 fue titular del órgano de control interno del Seguro Popular y luego director de responsabilidad financiera del Seguro Popular, esta casado con Judith Parrazal Herrera, subdirectora de recursos financieros del Seguro Popular.
Fuente: AVC