Juan David Castilla. Xalapa, Ver. La aplicación de al menos 15 proyectos hidroeléctricos continúa latente en Veracruz. Los activistas que defienden el territorio están recibiendo amenazas para que desistan.
De acuerdo con el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), Emilio Rodríguez, se tiene información confiable sobre informes preventivos ingresados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el permiso de la Comisión Reguladora de Energía o Manifestaciones de Impacto Ambiental.
"Hemos demostrado ya que el inventario nacional de energías renovables, que es un instrumento de la Reforma Energética, busca un potencial de 145 proyectos para las cuencas hidrográficas que atraviesan la entidad. En territorio veracruzano tenemos el registro de 15 proyectos".
Destaca el caso que podría afectar a los ejidatarios y pobladores de las inmediaciones al río Bobos, Nautla, afluente más conservado de toda la entidad veracruzana.
"Es el río que más asediado está por este tipo de proyectos, tiene un potencial de 25 proyectos y actualmente, tan sólo en ese río, tienen en registro cinco proyectos hidroeléctricos. Tres de ellos están detenidos por un amparo y uno más está en discusión por encontrarse dentro del área natural de Pancho Pozas".
El entrevistado indicó que ha aumentado el hostigamiento por parte del gobierno federal y las empresas, para que los defensores de los ríos no protesten contra dichos proyectos.
"Es un asunto muy complicado. Nuestras actividades, que defienden los derechos de las personas vulneran la inversión de personas que convencen a nuestras autoridades de que sus proyectos son la solución, las amenazas están a la orden del día, lamentablemente se presentan más en las comunidades, en las zonas donde los campesinos, las campesinas, se encuentran fuera de los medios de comunicación".
Emilio Rodríguez comentó que los activistas han recibido llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto para ser intimidados.
También han detectado la presencia de operadores políticos o informantes de gobierno en sus asambleas.
El activista consideró que los problemas podrían agravarse durante este gobierno panista.
"Tenemos conocimiento de que las actividades que hacemos afectan intereses de gente allegada a gobierno del estado y gente allegada a los grupos empresariales de la entidad", concluyó.