Yhadira Paredes. Xalapa, Ver. A un año de que elementos de la Policía Estatal de Veracruz secuestraran y entregaran a un grupo de la delincuencia organizada a cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que transitaban por Tierra Blanca, nada se sabe de cuatro de ellos, solo fue confirmada la muerte de Bernardo Benítez Arroniz a través de un resto localizado en el rancho El Limón.
De los otros cuatro no se ha podido confirmar su muerte, se trata de José Benitez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y la menor Susana Tapia Garibo, quienes sufrieron el delito de desaparición forzada por elemento de la Secretaría de Seguridad Pública.
A un año de los hechos los padres de estos jóvenes siguen en espera que los ocho policías y 13 civiles detenidos se les dicte sentencia, además de que prospere una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zúrita.
Al respecto, el señor Bernardo Benítez, padre del único joven identificado como fallecido, indicó que este miércoles, a un año de la desaparición de los muchachos, no se han resuelto muchas situaciones.
“Es buen momento para recordar que los policías y civiles que perpetraron el asesinato de nuestros hijos no han sido sentenciados, con el temor de que de un momento a otro por argucias legales pudieran salir y seguir delinquiendo en Tierra Blanca”.
Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, detalló que las 21 personas que se encuentran detenidas siguen en proceso, sin que el juez le dicte aún sentencia.
“Por otro lado hicimos una denuncia contra Arturo Bermúdez y pues está en el limbo, no nos avisan nada, además metimos una denuncia por delincuencia organizada en México que se mandó a PGR en Veracruz y ahí la rechazaron porque dijo que no había indicios para declararla como delincuencia organizada”.
Derivado de este rechazo, dijo, se tuvieron que amparar y están en espera de la resolución de este recurso, lo que significa que ha sido un año muy tortuoso.
Además, Bernardo Benítez afirmó que para este año prevén gastar los pocos recursos que les quedan en pago de abogados, papeleo para cuestiones judiciales.
Finalmente, el padre de una de las víctimas denunció que las cinco familias de los jóvenes han sido totalmente abandonados por la Comisión de Atención de Víctimas, quienes desde noviembre del año pasado no acuden a brindar la terapia.
“Nos dejaron cuando más necesitábamos, ahora que sentimos la ausencia de nuestros hijos nos abandonaron, desde noviembre vinieron a dar la ultima atención los psicólogos, estamos totalmente abandonados por la Comisión que tanto se cacarea”, confesó.