Santiago González. Xalapa, Ver. El mal manejo de los recursos públicos provocó que para el 2017 se contemple un déficit de 20 mil millones de pesos para el pago del gasto de operación del gobierno y servicios personales.
El sexenio pasado todavía tuvo el descaro de enviar un presupuesto de Egresos, en el cual contemplaba mantener “encendida la licuadora”, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Sostuvo una reunión con los diputados locales para reestructurar y refinanciar la deuda pública, con el fin de ampliar el plazo de pago y reducir la tasa de interés, pues de lo contrario el próximo año el pago por este concepto terminará de ahogar las finanzas de Veracruz.
En el Auditorio Adalberto Tejeda del Palacio Legislativo, afirmó que se realizará un drástico ajuste al gasto corriente sin afectar los programas sociales, plantear una reestructura y refinanciar la deuda para enviarla a largo plazo ya que si se siguen pagando más de 6 mil millones de pesos al año lo que ocasionará que en poco tiempo entre el servicio de la deuda y subsidios el gobierno del estado no tendrá recursos más que para el gasto corriente, revisión y validación de pasivos a corto plazo, y proceso de recuperación de bienes sustraídos al patrimonio público del estado.
Adicionalmente, manifestó, se presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley contra la corrupción de acuerdo con el modelo que aprobó el Instituto Mexicano de Transparencia y el Instituto de Competitividad. “Estamos analizando y adecuando a la realidad de Veracruz este modelo de ley que será presentado a este congreso durante este periodo de sesiones”, comentó.
El mandatario estatal reveló a los legisladores locales que en el gobierno del estado se ha estado trabajando en el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos desde hace 27 días y que por ello no se había presentado ante los legisladores y afirmó que desde el gobierno del estado se ofrece a los diputados de Veracruz diálogo, negociación y acuerdos.
Afirmó que una buena parte de los recursos públicos se fueron por la cañería de la corrupción y se provocó con ello un grave desequilibrio en las finanzas públicas; en gasto corriente, afirmó, no es posible que Veracruz siga ocupando el primer lugar en gasto corriente y que para el año 2017 la administración anterior haya propuesto todavía un incremento de gasto corriente conociendo perfectamente la crítica situación financiera del estado.
Frente a este panorama propuso una serie de acciones para tratar de nivelar este déficit, que adelantó, será difícil de lograr a lo largo de 2017. “Lo más fácil era seguir utilizando los recursos etiquetados para salud, educación o seguridad pública para el pago del gasto corriente, pero ya no vamos a seguir haciendo eso”, refirió.
Destacó la necesidad de refinanciar y reestructurar los más de 45 mil millones de pesos de deuda bancaria y bursátil, y en ese sentido, comentó que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Obras, los bancos a los que se les debe, y los tenedores de bono de la bursatilización.
Hasta el momento dijo, no se tiene pactado si será con algún banco en particular o con Banobras, pero explicó que la intención será la de reducir el monto de pago a la deuda durante 2017, pues pasó de 4 mil 500 a 6 mil 500 millones de pesos.
Adelantó que la estrategia financiera sería liquidar por completo todos los bonos bursátiles, al calificarlo como un error del pasado, y para ello se pagaría con deuda bancaria a muy largo plazo “esto porque la deuda bancaria es mucho más barata que la deuda bursátil”, agregó.
Deudas bajo la lupa
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares comentó que al recibir la administración se recibió un monto por casi 20 mil millones de pesos de deuda a corto plazo con proveedores, la cual se está analizando, pues han detectado que entre quienes pretenden cobrar se encuentran amigos y familiares de ex funcionarios, como el caso de Arturo Bermúdez Zurita.
De igual forma citó el caso de la empresa Soriana que reclama un pago de 550 millones de pesos por concepto de despensas, de las cuales no existe evidencia de haber sido recibidas.
Por ello anunció que se creará un comité para transparentar estos pagos, y dijo que invitará tanto a los diputados como a empresarios para verificar que a quienes se les pague, en realidad hayan efectuado un servicio u obra.
Recortes y extinción de dependencias
Como parte de las acciones para hacer frente al déficit de 20 mil millones de pesos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares propuso un drástico ajuste al gasto corriente del gobierno estatal, sin afectar programas sociales, ni a los sectores de salud, educación o seguridad pública
“No es posible que sigamos ocupando el primer lugar en gasto corriente y todavía se proponga un aumento más”, añadió.
En este sentido, dijo que en cada una de las dependencias se está analizando la nómina, para no permitir más aviadores, ni funcionarios cobrando sueldos excesivos. Citó como ejemplo, que al llegar a Palacio de Gobierno, descubrió que en la Oficina del Gobernador había 320 personas cobrando en dicha dependencia, “cuando en ese espacio no caben más de 20 personas”.
Esta revisión, insistió se hace en cada una de las dependencias, además de evitar el gasto superfluo como el caso del gasto en transporte aéreo.
Dio a conocer que tan sólo por este concepto, el Gobierno de Veracruz enfrenta una deuda de 300 millones de pesos heredados del pasado sexenio, razón por la cual un helicóptero se encuentra retenido en el aeropuerto de Toluca por no pagar alquiler de un hangar, mientras que uno más está en Estados Unidos por no pagar el mantenimiento.
Por ello se analiza vender parte del parque aéreo propiedad del gobierno estatal, y únicamente utilizar las aeronaves para acciones que se justifique en materia de seguridad, protección civil y salud.
Miguel Ángel Yunes Linares dio a conocer que para el próximo año se contempla la desaparición de algunas instancias como la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (Codepap), varios fideicomisos y oficinas de asesoría.
Citó el caso de la Codepap, la cual tiene un presupuesto de 25 millones, de los cuales 23 millones son para el pago de nómina, y en ese mismo tenor se encuentran varios fideicomisos y oficinas de asesoría e investigación jurídica.