26 de Noviembre de 2024
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Familias Chedraui y Porres, detrás de negocio turbio de verificentros 

 

 

Juan David Castilla. Xalapa, Ver. Las familias Chedraui y Porres fueron beneficiadas con concesiones para la apertura y operación "ilegal" de verificentros en Veracruz. 

Así lo denunció el vocero de la Unión de Concesionarios en Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, quien añadió que mientras tanto los concesionarios de Centros de Verificación Vehicular están siendo perjudicados por las autoridades. 

Añadió que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares recortó la venta de hologramas para Centros de Verificación Vehicular, lo que perjudica económicamente a los concesionarios. 

El entrevistado detalló que el problema se agravó a partir del 1 de diciembre en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), fecha en que el panista asumió la gubernatura del estado. 

"De 250 que nos vendían, ahora nos venden 20 hologramas de gasolina. De 70 de diesel ahora nos dan cinco. Ojalá sea aclarado, tal vez haya un nuevo decreto donde el gobierno anterior (de Duarte) para ayudar a la familia Chedraui y Porres, los centros de verificación sin permisos".

Casares Sort de Sans destacó que este miércoles 14 de diciembre sostendrá una reunión con la titular de la Sedema, Mariana Aguilar López y otros concesionarios inconformes, para exponer la problemática y encontrar una solución. 

"Tendremos una reunión con la Secretaria de Medio Ambiente, la intención es de ingresar la mayor cantidad posible de recursos al Estado y eso es lo que vamos a hablar y analizar con ella y el subsecretario".

La familia Chedraui en sociedad con Jaime Antonio Porres Cavada, estableció desde el 2011 una alianza financiera con el binomio Duarte/Fidel en infinidad de negocios que los hicieron millonarios con recursos del erario público.

Porres Cavada, del grupo Pecuario San Antonio SA de CV, es primo de Erik Porres Blesa, exsecretario de Desarrollo Económico y Portuarii de Veracruz (Sedecop). 

La Revista Proceso, en una publicación de hace cuatro años firmada por Álvaro Delgado, vincula a Porres Cavada a una red de prestanombres del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.